El Senado aprobó la ley que asegura fondos para las universidades y el Gobierno analiza vetarla

En una jornada legislativa cuyo desenlace ya se anticipaba de antemano, el Senado volvió a propinarle un golpe político al oficialismo libertario. La oposición logró la aprobación, sin mayores dificultades, de la ley destinada a reforzar y garantizar el financiamiento de las universidades públicas. La propuesta, que había sido habilitada con el aval de dos tercios de los presentes, se votó finalmente con 58 voluntades a favor, 10 en contra y las abstenciones de Andrea Cristina y Victoria Huala (PRO) junto con Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Frente a este escenario, la Casa Rosada ya adelantó que recurrirá a un nuevo veto, lo que abrirá otra instancia de pulseada legislativa. En caso de concretarse la medida presidencial, la oposición podrá volver a insistir con la norma, aunque necesitará reunir nuevamente el respaldo de dos tercios en ambas Cámaras.

Contenido del proyecto

El articulado establece que, a partir del 1 de enero de 2025, los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, según datos oficiales del INDEC. Para el año en curso, además, se fijan incrementos cada dos meses.

Otro punto clave es la obligación del Ejecutivo de recomponer los salarios de docentes y no docentes de las universidades, calculados desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y con un piso equivalente al aumento registrado por el IPC en ese mismo lapso. Todos esos ajustes deberán ser remunerativos y bonificables. Asimismo, la ley impone la convocatoria obligatoria a paritarias dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia, con una frecuencia máxima de tres meses. Durante cada negociación, los incrementos mensuales no podrán ser inferiores a la inflación publicada por el INDEC.

El debate en el recinto

En el inicio de las exposiciones, el senador peronista Fernando Salino advirtió sobre la caída de fondos destinados a la educación superior. “En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en los primeros cinco meses de 2023”, puntualizó. El legislador de San Luis comparó además el gasto en relación con el PBI: “Dos años atrás representaba el 0,72%, mientras que para este período se estima apenas en 0,43%”. Calculó, en base a ello, que el costo fiscal del proyecto ronda el 0,12% del producto.

Por su parte, Maximiliano Abad, radical bonaerense, lamentó el retroceso en la agenda política: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, permanentemente retrocedemos, no avanzamos y en el mundo en el cual estamos viviendo, que es muy duro y desafiante para los países emergentes, vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican”.

El mismo legislador agregó que el problema no pasa por la falta de dinero, sino por la organización de prioridades: “No es un tema de recursos. Recursos no faltan, sino un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva. Estamos a pocos días que Gobierno tenga que enviarlo -en referencia a la ley de gastos 2026- al Congreso”. Y completó: “Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares”.

Desde el bloque Provincias Unidas, José María Carambia (Santa Cruz) también respaldó la medida y se diferenció de las lecturas partidarias: “No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol”.

Otro de los discursos relevantes fue el del radical Flavio Fama, con trayectoria en el ámbito universitario. “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?“.

La postura oficialista

El encargado de cerrar el debate fue el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, senador por Jujuy, quien trasladó el foco hacia la educación de base. “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país”, denunció.

En línea con el discurso oficial, acusó a las universidades de haber sido utilizadas con fines políticos: “Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar”. Finalmente, Atauche señaló la inequidad en la distribución de recursos: “El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios“.