El Senado de la Nación aprobó con un amplio apoyo de 55 votos a favor y tres abstenciones el proyecto de ley que declara la emergencia en las áreas de Córdoba afectadas por incendios forestales. Esta iniciativa ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su consideración.
El proyecto incluye un conjunto de medidas financieras diseñadas para «restaurar y restablecer las zonas impactadas, así como prevenir la aparición de nuevos focos de incendios». Estas acciones se enmarcan dentro del «Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos».
Uno de los aspectos destacados en el segundo artículo establece que «el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, asignará una partida extraordinaria para intervenir y proporcionar asistencia inmediata enfocada en la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de las actividades económicas que se han visto afectadas».
Asimismo, el texto menciona que «estas acciones se llevarán a cabo en colaboración con el gobierno provincial de Córdoba y las autoridades municipales de las localidades impactadas, cumpliendo con los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego». Se especifica que «las prioridades y los métodos de distribución de los recursos asignados se definirán de acuerdo a la urgencia de las necesidades, con un enfoque centrado en el bienestar de las personas afectadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad que han sufrido daños».
El proyecto también contempla medidas concretas, incluyendo «líneas de créditos con tasas bonificadas, destinadas tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de actividades económicas que son fundamentales para las economías regionales, asegurando así la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos».
Además, se propone «facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales, permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de obligaciones bancarias y deudas que existían antes del inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a productores y trabajadores que han sufrido pérdidas económicas».
Por último, un tercer aspecto del proyecto otorga un permiso para suspender «por un periodo de hasta noventa días, juicios y procedimientos administrativos relacionados con el cobro de deudas que ya estaban vencidas antes de la emergencia, asegurando que las familias, emprendedores y productores puedan enfocarse en la reconstrucción de sus medios de vida sin la preocupación de sanciones financieras inmediatas».