El registro audiovisual rápidamente se propagó por las redes sociales, generando gran repercusión. En las imágenes se observa a un inspector de tránsito que se aproxima al conductor de un camión y le exige el pago de una suma de dinero para permitirle el ingreso a la ciudad de Formosa. El hecho fue captado durante la mañana del lunes en la ruta nacional 11, a la altura de Villa del Carmen, y dejó al descubierto una práctica irregular que se estaría implementando en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, pese a estar expresamente prohibida por la Constitución Nacional.
El material fue difundido por la diputada opositora Gabriela Neme, quien adelantó en diálogo con Infobae que presentará una solicitud formal ante el Gobierno nacional. Su objetivo es que se ordene la suspensión inmediata de este cobro aplicado a los camiones y vehículos de gran porte que no se encuentran registrados en la capital provincial.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, esta medida carece de validez. El artículo 9 del texto constitucional estipula claramente que “en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”. En tanto, el artículo 10 agrega que “en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”.
A pesar de estos principios, inspectores municipales fueron ubicados en los accesos a la ciudad desde el fin de semana anterior, implementando la nueva disposición. Según se observa en los documentos distribuidos a los transportistas, el cobro se realiza amparándose en una ordenanza local. En los folletos, que llevan el membrete de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa —administrada por el intendente Jorge Jofré, alineado con el oficialismo provincial—, se detalla:
“Señores transportistas de Pasajeros y Cargas Generales: Por medio de la presente se les hace saber que a partir del 10/11/2025 se comenzará a percibir la Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, conforme lo normado por las Ordenanzas N° 7147/17, 7450/20 y 7465/20 de la Ciudad de Formosa”.
El documento además enumera los valores que deberán abonar los vehículos que ingresen al ejido urbano, con una escala que varía entre 1 y 3 módulos según el peso del rodado. Cada módulo tiene un costo fijado en $7.305,14, por lo que el monto total puede superar los $20.000 en algunos casos.
En la grabación difundida por Neme, el inspector se dirige al chofer con un discurso formal en el que intenta justificar la exigencia:
“Le voy a compartir una notificación. Nosotros, a partir del día de la fecha, estamos ejecutando la percepción a la contribución del autotransporte. Es para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa, que corresponda al transporte de carga o de pasajeros, que ingrese en el ejido municipal de la ciudad de Formosa”.
Acto seguido, el agente le aclara al camionero las modalidades y consecuencias de su decisión:
“Según su configuración del vehículo, le corresponderían tres módulos que están expresados en pesos (…). Puede tener dos opciones de pago: por QR o dinero en efectivo. Eso le habilita a que se le emita un certificado que corresponde al libre tránsito dentro del ejido municipal para que usted pueda volver a ingresar a la ciudad hasta las 00 horas del día de hoy. El no abono corresponde a un acta contravencional por la omisión a la ordenanza municipal dentro del ejido del mismo”.
La documentación confirma que el conductor, finalmente, abonó $23.426 para poder ingresar a la ciudad. Sin embargo, el único comprobante que recibió fue un papel con sello de la Municipalidad de Formosa, ilegible y sin ningún tipo de identificación fiscal ni respaldo oficial por el dinero entregado.
Frente a esta situación, la diputada Neme anunció que presentará un reclamo formal ante Vialidad Nacional, con el propósito de que se tomen medidas urgentes para frenar la aplicación de esta ordenanza municipal. Según la legisladora, lo ocurrido constituye “una práctica ilegal que viola la libertad de tránsito y el principio de libre circulación de bienes en el territorio argentino”, y reclamó que el gobierno nacional intervenga para garantizar el cumplimiento de la Constitución.