Escándalo de las valijas | Revelan fotos que prueban el ingreso sin control de 10 valijas provenientes de un vuelo privado desde Miami

El pasado 26 de febrero, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery un jet privado perteneciente a la empresa Royal Class, propiedad de Leonardo Scatturice, actual dueño de Flybondi y figura clave en el vínculo entre Javier Milei, Donald Trump y la conferencia conservadora CPAC. Este vuelo ha quedado en el centro de una investigación judicial por una serie de irregularidades vinculadas al ingreso de equipaje sin control, lo que podría constituir un caso de contrabando.

El avión, que llegó en horas de la mañana, transportaba a Laura Belén Arrieta, quien ocupa un alto cargo en OCP TECH como gerente de operaciones corporativas, y a los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. La aeronave permaneció en suelo argentino hasta el 5 de marzo, cuando despegó hacia París. Para entonces, se había sumado a la tripulación Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP, que había arribado al país el 3 de marzo mediante un vuelo comercial por el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Ante las dudas generadas por los procedimientos realizados durante la llegada y permanencia de este avión, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dio inicio a una pesquisa preliminar. En este marco, se requirieron informes a la PSA, a la empresa Royal Class y a la Dirección General de Aduanas. Además, se solicitó acceso a los registros de video del Aeroparque y la declaración de los funcionarios que intervinieron en el operativo.

Uno de los hallazgos clave de la investigación fue recogido en un dictamen de 60 páginas, donde se adjuntaron capturas de pantalla que muestran la discrepancia entre el número de valijas transportadas y las declaradas. Mientras las imágenes revelan la existencia de 10 bultos, solo se habrían consignado oficialmente cinco. Este informe fue difundido por el programa ¿Y mañana qué? del canal TN.

Consultado sobre el episodio, el vocero presidencial Manuel Adorni declaró durante una conferencia de prensa en Casa Rosada: “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”.

Pese a esto, la Justicia detectó una serie de anomalías preocupantes. En primer lugar, sostiene que los pasajeros del vuelo no pasaron por los controles de equipaje habituales y que, además, omitieron declarar la mitad del equipaje. También se señaló que no se llevó a cabo una vigilancia continua de la aeronave mientras estuvo estacionada en el hangar del aeropuerto.

A nivel administrativo, también se evidenciaron contradicciones en los registros migratorios. Aunque en los documentos se consignó que el avión había partido desde Fort Lauderdale (KFLL), en realidad había despegado desde Opa-locka (KOPF). Lo mismo ocurrió al momento de su salida el 5 de marzo: mientras el registro de Migraciones indica que el destino fue nuevamente Fort Lauderdale, el itinerario real condujo al jet a París, con una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur, en España.

A estas irregularidades se sumó otra de carácter técnico-administrativo: la aeronave no figuraba registrada ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

El dictamen también describe una escena clave en el ingreso del avión al país. Según los fiscales, “mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje”. Sin embargo, se verificó que otros pasajeros que ingresaban al mismo sector eran sometidos a los controles habituales.

La diferencia de tratamiento no se atribuyó a una emergencia operativa, sino que, según el texto judicial, “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”.

Además, se plantea la necesidad de identificar a los agentes que estuvieron presentes durante el procedimiento: “Este hecho se produjo ante la mirada de funcionarios encargados del control, que no solo presenciaron la situación, sino que también facilitaron activamente el acceso exclusivo del grupo”.

Royal Class había manifestado que no se detectó ingreso alguno de personas al avión durante su estadía en el país. No obstante, las grabaciones analizadas por la Policía Federal y evaluadas por el Ministerio Público Fiscal revelan una realidad diferente: los registros de las cámaras del hangar son fragmentarios, presentan vacíos temporales y no permiten observar de forma continua la aeronave ni verificar con certeza su estado tras ser «sellada». Además, se cuestionó que ese procedimiento de cierre no contara con ningún respaldo formal o documentación oficial.

Finalmente, la investigación también expuso un comportamiento considerado extraño por parte de la pasajera Arrieta. En las imágenes obtenidas, se puede ver cómo baja del avión portando un celular que, aparentemente, le entrega a una agente de la Aduana, quien responde con un gesto de aprobación, levantando el pulgar.

A raíz de esta escena, los fiscales pidieron identificar a la agente aduanera involucrada y también a todos los actores que formaron parte del operativo. Se solicitaron además nuevas declaraciones de los pasajeros para aclarar lo sucedido en detalle.