Detrás del escándalo que involucra a Leonardo Scatturice y Laura Belén Arrieta por el ingreso irregular de diez valijas provenientes de Miami, se esconde una red de relaciones y negocios vinculados al Estado argentino. El origen de este entramado se encuentra en Lanús, una localidad del conurbano bonaerense, donde tanto Scatturice como Arrieta tienen sus raíces. Pero el foco no se limita a ellos dos. Al investigar más profundamente, emerge un tercer protagonista: Fernando Arrieta, hermano de Laura, con quien comparte una empresa que se beneficia de un sistema sin riesgos, respaldado por fondos públicos.
Laura Belén Arrieta, vinculada al vuelo de Scatturice, difundía certificados ISO financiados con créditos de la Secretaría de Trabajo.
La empresa de los hermanos Arrieta, denominada G-Certi, se especializa en la certificación de normas de calidad para pequeñas y medianas empresas, que pueden acceder a este servicio mediante créditos fiscales otorgados por la Secretaría de Trabajo. En los materiales promocionales, tanto Laura como Fernando destacan los beneficios del programa. La exazafata, que ahora enfrenta una investigación judicial por el escándalo de las valijas, protagoniza videos donde resalta la importancia de estas certificaciones: “Adoptá normas ISO y destacá en tu industria, tu empresa se lo merece”.
Fernando Arrieta, quien se declara abiertamente libertario, dirige también la fundación Dale y ha mantenido vínculos estrechos con figuras de La Libertad Avanza. Se lo ha visto en fotografías junto a Karina Milei, Sebastián Pareja y “El Gordo Dan”, además de participar activamente en eventos con referentes del partido en distritos como La Matanza.
En la web de G-Certi, se informa que la empresa ya ha certificado a unas 16.500 firmas y ofrece servicios a nivel nacional con ambiciones de expansión internacional. ¿El secreto? Un modelo de negocio asegurado por el Estado. La operatoria se basa en los créditos fiscales que las pymes pueden usar para cubrir los costos de certificación. Para 2024, el programa fue reglamentado mediante la Resolución 416/2024 del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que establece montos significativos por región, como por ejemplo: $126.212.000 para la provincia de Buenos Aires y $83.315.000 para la Ciudad Autónoma.
Fernando explica en un video cómo funciona el sistema: “¿Vos sabías que el gobierno nacional, no este, sino todos los gobiernos nacionales, tienen distintas líneas de incentivos para que las empresas puedan implementar la norma y se ahorren hasta el 80% de la inversión? ¿Qué significa esto? Para que te hagas una idea, digamos, a veces los proyectos de implementación de sistema de gestión rondan entre 5.000 a 10.000 dólares, para las empresas chicas. El Estado te cubre el 80%. Lo que te queda por pagar es prácticamente nada. Es un celular. Y no un celular de altísima gama”. También detalla: “Hoy en día el beneficio que está dando el Estado para estos proyectos se llama crédito fiscal, lo otorga la Secretaría de Trabajo, y este beneficio lo que hace es cubrir hasta 6 millones de pesos, es un número muy importante, para las empresas que quieren dar ese saltito de calidad”.
El escándalo que pone en el centro de la escena a Laura Arrieta comenzó el 26 de febrero. Ese día, alrededor de las 8:12 de la mañana, aterrizó en Aeroparque a bordo de un vuelo privado de OCP Tech, una de las empresas propiedad de Leonardo Scatturice, empresario con vínculos en la política conservadora estadounidense y reciente comprador de la aerolínea Flybondi. Junto con ella viajaban al menos otros dos tripulantes, pero lo más llamativo fueron las diez valijas que ingresaron al país sin ningún control aduanero.
Fernando Arrieta participó del CPAC Argentina junto a Karina Milei
La investigación liderada por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez señala: “Se evidenció una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos”, cuestionando la ausencia total de controles en contraste con el resto de los pasajeros que arribaban en ese mismo momento. “¿Todos ellos representaban un riesgo, mientras que los tres ocupantes del vuelo privado, no?”, plantearon los fiscales con severidad.
La polémica escaló hasta tal punto que el propio presidente Javier Milei se vio forzado a dar explicaciones. En declaraciones radiales con Luis Majul, Milei intentó desvincularse completamente del caso: “Conozco el nombre, pero si pasa por acá no sé ni quién es”, dijo sobre Scatturice. También quiso tomar distancia de Laura Arrieta: “Que yo tenga una foto con una determinada persona no me hace amigo. Tengo una foto con esa chica en la que hay como 10 personas. Lo que pido es que muestren la foto completa”.
Desde el entorno bonaerense de La Libertad Avanza también salieron al cruce para desconocer a los hermanos Arrieta. “No los vi en mi vida ni los sentí nombrar. De nuestro lado no es”, afirmó un referente del espacio a TN.
Más allá del escándalo actual, la trayectoria de Laura Arrieta muestra un recorrido que va desde empleos modestos en comercios de Gerli, pasando por su trabajo como azafata en Flyest —empresa quebrada en 2020—, hasta su despegue económico en Miami, donde ahora reside, al igual que su empleador Scatturice. En 2013, fundó junto a su hermano la empresa Confort Limp S.A, dedicada a servicios de limpieza en Lanús. Y en septiembre de 2024, inscribió en el estado de Florida una organización sin fines de lucro bajo el nombre CPAC Argentina Inc, donde figura como tesorera y Scatturice como director.
Desde esa plataforma, CPAC —la Conferencia Política de Acción Conservadora—, los vínculos de este entramado con el poder político y la ultraderecha global se profundizan. Con referentes como Donald Trump y la participación reciente de Milei en eventos organizados por este movimiento, el escándalo que comenzó con unas valijas en Aeroparque hoy alcanza dimensiones mucho más amplias.