Falleció el represor «Turco Julián» Simón, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura

El exintegrante de la Policía Federal Argentina, Julio Héctor Simón, conocido como «El Turco Julián», falleció a los 84 años mientras cumplía condena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Campo de Mayo. Simón había recibido tres condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y, apenas dos semanas antes de su muerte, la Justicia había denegado un pedido para que cumpliera prisión domiciliaria.

Simón desempeñó un papel clave dentro de los grupos de tareas encargados de secuestros y desapariciones entre 1976 y 1983. En 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires lo condenó por su responsabilidad en la captura, tortura y desaparición de 181 víctimas dentro del circuito represivo denominado «ABO», que abarcaba los centros clandestinos de detención «El Atlético», «Banco» y «El Olimpo». Además, formó parte del Batallón de Inteligencia 601. Tras la restauración de la democracia en 1983 y la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, se exilió en Brasil, donde trabajó en seguridad privada. Regresó a la Argentina cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986 y 1987, las cuales fueron posteriormente declaradas inconstitucionales.

Uno de los primeros fallos en anular dichas leyes fue el dictado en 2001 por un juzgado federal que investigaba el caso de Claudia Victoria Poblete, quien había sido apropiada durante la dictadura. En este proceso, Simón y Juan Antonio Del Cerro fueron procesados por su participación en la retención y ocultamiento de la joven. La sentencia de la Corte Suprema en la causa «Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad» marcó un precedente clave para la reapertura de juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 2005, el Tribunal Oral Federal N° 5 de Buenos Aires lo condenó a 25 años de prisión por la detención ilegal y tortura de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, además de la apropiación de su hija, entonces un bebé de ocho meses. Posteriormente, fue sentenciado a 23 años de prisión en la causa «Batallón 601», en la que se lo responsabilizó por la desaparición forzada de personas entre 1979 y 1980.

Testigos de los juicios declararon que Simón solía exhibir símbolos nazis, como cruces esvásticas, y se jactaba de su antisemitismo mientras sometía a torturas a detenidos de origen judío. Entre quienes relataron estos hechos se encuentra el cineasta Jorge Augusto Taglioni, quien en 1978 fue secuestrado junto a su esposa embarazada y estuvo detenido en «El Olimpo». Según su testimonio, Simón «se colocaba una banderita nazi como brazalete» y manifestaba un ensañamiento especial contra los judíos dentro del centro clandestino.

«El Olimpo» fue uno de los espacios utilizados para la represión ilegal durante la dictadura, operado por miembros de distintas fuerzas de seguridad. Formaba parte de un circuito junto con «El Club Atlético», que funcionaba en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, y «El Banco», ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, cerca de la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura.

Días antes de su fallecimiento, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de Simón, en el que se argumentaba que su estado de salud era incompatible con el encierro. Su abogado sostuvo que el represor sufría «diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria (by pass), dislipidemia, hipertensión arterial, prostatismo, disminución de la agudeza visual, hipoacusia bilateral, hernia inguinal bilateral no complicada y deterioro cognitivo moderado-severo».

Sin embargo, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos consideraron que, si bien requería atención médica constante, esta podía ser proporcionada dentro del penal, especialmente porque «nadie de su familia lo visitaba y lo habían abandonado completamente». En su fallo, Hornos explicó que, tras el examen realizado, «Julio Héctor Simón se encuentra clínicamente compensado con buen estado de salud aparente, sin evidencias clínicas de patologías físicas crónicas en evolución», lo que no justificaba el otorgamiento del beneficio solicitado.

El tribunal también recordó que Simón había sido condenado a prisión perpetua como coautor de «homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber mediado violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político». Estos delitos, explicaron los magistrados, son considerados crímenes de lesa humanidad, por lo que «resulta razonable, a la hora de analizar la procedencia de un beneficio como el aquí solicitado, valorar la gravedad de los sucesos involucrados».