El clima político y judicial se encuentra atravesado por una fuerte conmoción a raíz del escándalo de coimas que involucra a organismos públicos y al sector farmacéutico. Tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la detención de Ariel Fernando García Furfaro, empresario dueño de HLB Pharma, el Gobierno nacional resolvió también desplazar de su puesto a Gabriela Carmen Mantecón Fumado, quien estaba al frente del Instituto Nacional de Medicamentos.
La decisión fue instrumentada mediante la Resolución 2415/2025, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial este jueves. El documento oficial, en sus considerandos, se limita a señalar que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había solicitado restringir la designación transitoria de Mantecón Fumado en la conducción del Instituto Nacional de Medicamentos, medida que se haría efectiva a partir del 20 de agosto de 2025.
El trasfondo de esta determinación se vincula con las investigaciones judiciales en curso. La Justicia analiza demoras en la adopción de medidas contra laboratorios acusados de fabricar fármacos con “desvíos de calidad” y en incumplimiento de las normas básicas de buenas prácticas. Se supo, además, que un informe que alertaba sobre esas irregularidades habría circulado únicamente entre Mantecón Fumado y un reducido grupo de colaboradores, lo que acrecentó las sospechas sobre su actuación.
En paralelo, la causa que sacude al sector farmacéutico tuvo un punto de inflexión con la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo. El empresario fue arrestado por orden del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el marco de una investigación sobre la producción y distribución de fentanilo adulterado que provocó la muerte de al menos 97 personas. La imputación alcanza a 24 individuos vinculados con presuntas irregularidades en torno al analgésico.
La detención de García Furfaro fue posible gracias a un operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional, que incluyó diez allanamientos. La Justicia dispuso también medidas contra otros integrantes de su entorno empresarial y familiar: sus hermanos Diego y Damián, encargados de las operaciones de los laboratorios; su madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de HLB; el director general de ambas compañías, Javier Tchukran; y los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, además del responsable técnico de HLB, José Antonio Maiorano. También fueron alcanzados por las medidas judiciales Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo, y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la firma.
La crisis tomó una dimensión política aún mayor tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, realizadas durante una reunión privada en un bar y difundidas en el programa Argenzuela por el periodista Mauro Federico, el exfuncionario reconoce la existencia de una trama de corrupción vinculada con funcionarios cercanos al propio presidente Javier Milei.
En el primero de esos registros, Spagnuolo asegura que, aunque Milei no estaría directamente involucrado, “es toda la gente de él” la que estaría pidiendo dinero a prestadores. En otro fragmento, relata un diálogo con el presidente en el que le habría planteado las irregularidades: “Yo le dije, Javier, estoy denunciando todo este choreo, y tengo gente abajo que va a pedir guita. Entonces, cuando yo toque a alguno, van a salir a decir que estoy con delincuentes. ¿Qué hago?”.
En otra grabación, el exdirector de la ANDIS minimiza las cifras de lo que describe como un “kiosquito”, aludiendo a sobornos de entre 20 y 30 dólares mensuales, aunque luego precisa que detrás habría un empresario ligado a la familia Menem que manejaría sumas mucho más abultadas: “Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes”.
Los audios también apuntan a dos figuras clave dentro del actual oficialismo: Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, asesor de máxima confianza del mandatario. En uno de los tramos más fuertes, Spagnuolo afirma que “a la primera que se van a llevar puesta es a Karina”, mientras que en otro acusa directamente a Lule Menem de estar “choreando de una manera” que lo estaría dejando sin recursos.
Las grabaciones, además, contienen referencias personales, como la entrevista que Spagnuolo había tenido con el periodista Alejandro Fantino, y reflexiones sobre la magnitud de la supuesta corrupción, que según él excedería ampliamente lo que relataba en esos audios: “Esto es un cachito al lado del quilombo que están haciendo”.
De esta manera, el entramado de detenciones, desplazamientos de funcionarios y filtraciones de audios comprometedores ha abierto un nuevo frente de crisis en el Gobierno nacional, que se ve obligado a dar respuestas mientras la Justicia avanza en las investigaciones sobre una red de corrupción que salpica tanto a laboratorios como a organismos estatales y que tiene como telón de fondo uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años en el país.