Aunque las protestas de los jubilados en las cercanías del Congreso suelen ser comunes, este miércoles se llevó a cabo una manifestación particular en rechazo al anunciado veto de Javier Milei sobre la nueva ley de movilidad jubilatoria, que fue aprobada por el Senado la semana pasada.
En esta ocasión, la marcha organizada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) estuvo marcada por la intervención policial, que nuevamente hizo uso de la fuerza para reprimir una manifestación legítima. Uno de los jubilados presentes en la protesta expresó con indignación: «Nos echaron gas pimienta en la cara, es una locura esto».
Ana Valverde, quien lidera la UTJEL, explicó que la convocatoria surgió bajo la consigna «no al veto» luego de que Milei declarara su intención de anular la ley recientemente sancionada. Valverde destacó que, aunque la ley no es perfecta, están decididos a defenderla. Según sus palabras, seguirán luchando para preservar los derechos adquiridos por los jubilados, incluso si la ley aprobada no cubre todas sus demandas.
Además, Valverde subrayó que su principal reclamo es que el valor de la jubilación mínima sea equiparado al costo de la canasta del adulto mayor, que debería ser ajustada mensualmente. Actualmente, este cálculo asciende a 900 mil pesos, mientras que la nueva ley solo contempla una canasta de 370 mil pesos, destinada únicamente a la alimentación, dejando fuera otros gastos esenciales como el cuidado personal, vivienda, vestimenta y medicamentos.
En cuanto a los medicamentos, Valverde resaltó una problemática específica relacionada con el PAMI, indicando que el instituto ha comenzado a modificar su Vademécum. «Antes cubría cinco medicamentos al 100%, pero ahora ya redujo esa cantidad a cuatro, y entre los que han quedado fuera están los más costosos, que son los destinados al corazón, a los hipertensos y a la circulación arterial, cuyos precios rondan los 80 mil pesos», puntualizó.
La manifestación de este miércoles se enmarcó en un contexto de creciente malestar entre los jubilados, quienes ven con preocupación el impacto de las políticas económicas sobre su poder adquisitivo y sus derechos a una vida digna en la etapa de la jubilación.
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