Al mediodía de este martes se registraron escenas de gran tensión en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se desarrollaba una protesta contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación, que congregó a familiares y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, derivó en momentos de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que habían montado un importante operativo para contener la movilización.

Hacia las 12 del mediodía, efectivos de Gendarmería Nacional comenzaron a avanzar sobre los manifestantes con escudos, con el objetivo de liberar la calle Solís y garantizar la circulación vehicular en la zona comprendida entre la avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Esta acción se enmarcó en el despliegue del operativo antipiquetes, que incluyó la instalación de varios cordones conformados por personal de Gendarmería y de la Policía Federal. El avance se extendió durante aproximadamente 15 minutos, tras lo cual se ordenó a las fuerzas retirarse del lugar.

En medio de esa situación, algunas personas expresaron su indignación por la manera en que se desarrollaba el operativo. “Estábamos sobre la calle y nos corrieron. Nos están empujando y atrás hay personas en silla de ruedas”, denunció una de las manifestantes, visiblemente afectada por la tensión. Otra mujer, en tono crítico, lanzó una dura advertencia: “¿Estos son capaces de pegarle a las personas con discapacidad? ¿Hasta eso llegamos? Es vergonzoso, es el país de la vergüenza”, mientras otra participante pedía mantener la calma y evitar la violencia.

El trasfondo de esta protesta está directamente vinculado con la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que generó un amplio rechazo por parte de familias y organizaciones que consideran esta norma indispensable para garantizar derechos básicos. La iniciativa establecía la declaración de la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el año 2026, incorporando la creación de una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal. Además, preveía actualizaciones automáticas en los aranceles y compensaciones destinadas a los prestadores que asisten a personas con discapacidad.

Desde el Poder Ejecutivo se argumentó que la implementación de esta ley supondría un impacto económico significativo para las arcas del Estado, con un costo proyectado superior a los 2 billones de pesos durante 2025 y cercano a los 4,7 billones en 2026. Según el Gobierno, el Congreso sancionó la norma “de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación”.

Este mismo fundamento fue incluido en el Decreto 534/2025, publicado el lunes en el Boletín Oficial, donde se menciona reiteradamente la falta de financiamiento para la norma. El texto también aborda las otras dos leyes que fueron vetadas: la que preveía aumentos en las jubilaciones y la que reinstalaba por dos años la moratoria previsional.

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