Recientemente, se conoció el caso de una joven que denunció a su vecino jubilado tras recibir un golpe en el rostro mientras estacionaba su auto frente a su garaje, en el barrio porteño de Villa del Parque. Este incidente se viralizó rápidamente, generando repercusión tanto en medios periodísticos como en redes sociales.
Sin embargo, la difusión masiva del hecho terminó teniendo un efecto inesperado para la víctima, Agustina, de 23 años. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó medidas en su contra, suspendiéndole la licencia de conducir, lo que generó un giro sorprendente en la historia.
El caso de violencia en sí es grave: el hombre de 80 años que agredió a Agustina fue citado por la Justicia porteña, donde deberá presentarse en un plazo de 72 horas, acusado de lesiones y amenazas. Además, la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia Oeste dispuso que la joven declarara ante la Oficina de Violencia de Género y se le otorgara un botón antipánico para garantizar su seguridad frente a posibles agresiones futuras del jubilado o sus allegados.
La intervención de la ANSV surge a raíz de denuncias ciudadanas que mostraban a Agustina manejando su vehículo a más de 150 kilómetros por hora mientras se filmaba a sí misma. Tras analizar las imágenes, el organismo determinó que la joven incurrió en una “conducta temeraria” y que ponía en riesgo a terceros. Asimismo, la ANSV detectó otra infracción relevante: su auto carecía de patente trasera, un requisito obligatorio.
Como consecuencia, la conductora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y posteriormente evaluada para determinar si está en condiciones de conducir sin representar un peligro en la vía pública. Desde la ANSV aclararon que esta medida no tiene ninguna relación con el hecho de violencia que sufrió, sino que se fundamenta exclusivamente en las imágenes que evidencian su comportamiento riesgoso al volante.
En síntesis, un episodio de agresión física se combinó con la viralización de conductas imprudentes al volante, generando repercusiones judiciales y administrativas tanto para el agresor como para la víctima, en un caso que muestra cómo la exposición mediática puede afectar inesperadamente a quienes son objeto de violencia.