La apertura de las sesiones extraordinarias en el Congreso ha acelerado los tiempos para debatir una reforma laboral que genera mucho ruido político, aunque todavía mantiene numerosas incógnitas. En este contexto, el gobierno parece mover sus fichas estratégicamente, aunque no está claro si su intención real es debilitar al sindicalismo tradicional o simplemente negociar con él.
Dentro de la administración libertaria coexisten dos enfoques contrapuestos. Por un lado, el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo reuniones con dos de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristián Jerónimo, donde aseguró que el Ejecutivo convocará formalmente a la central obrera con la intención de “llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes”. Santilli reconoció además que “todavía el proyecto de reforma laboral no está confirmado”, admitiendo que circulan más especulaciones que certezas sobre el contenido final de la iniciativa.
En cambio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, adoptó una postura inflexible. Tras el fallo judicial que limitó el DNU 70 en materia laboral, consideró una derrota personal la decisión judicial y sostiene como innegociable la limitación de las cuotas sindicales, al que denomina “peaje sindical”. Para él, este punto es clave y no se encuentra sujeto a discusión.
Desde la CGT, mientras tanto, aseguran que “hasta el momento, no tuvimos ningún contacto con el gobierno”, aunque envían señales de disposición al diálogo. Gerardo Martínez, titular del gremio de la construcción (UOCRA), marcó su presencia en el Consejo de Mayo como una señal de voluntad de negociación. Consultado sobre la posibilidad de un paro o movilización, descartó esta opción de manera categórica, resaltando que “hace pocas semanas tuvimos una elección donde el presidente Milei ganó y consolidó su espacio” y subrayando que su prioridad es “defender los derechos adquiridos”, advirtiendo que las propuestas circulantes podrían incrementar la precariedad laboral y los despidos.
Desde la central consideran que el tratamiento inicial será del Presupuesto, y que la reforma laboral podría incluirse como parte de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso con el apoyo de mandatarios peronistas como Osvaldo Jaldo. Este último afirmó que “no nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales; hoy tenemos la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la robótica que no está contemplada en la ley”.
En los primeros meses de gestión de Milei, algunos sindicalistas históricos vieron con buenos ojos la influencia de Santiago Caputo, pero esta se debilitó rápidamente, al igual que los intentos de intermediación a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Hoy, los referentes de la CGT esperan que Santilli funcione como nexo y no descartan que Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, intervengan para discutir los cambios propuestos en materia laboral.
La posición de la CGT quedó clara con las palabras de Sola: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”. Esto no significa necesariamente un paro inmediato, pero deja en evidencia que la responsabilidad de una escalada de conflictos recae en el Gobierno. Como parte de su estrategia, el consejo directivo de la central recibió a diputados nacionales vinculados al mundo gremial, entre ellos Mario Manrique, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Hugo Antonio Moyano, para analizar estrategias y preparar propuestas alternativas. Palazzo declaró que buscan “una reforma laboral progresiva e inclusiva, y no la quita de derechos que pretende el Presidente Milei”.
Paralelamente, se acelera el trabajo con abogados cegetistas para elaborar proyectos propios que contemplen cambios ya aplicados en empresas y protejan derechos de trabajadores de plataformas digitales. Además, la central mantiene un contacto permanente con gobernadores y la justicia, conscientes de que cualquier proyecto aprobado por el Congreso podría complicar sus reclamos.
Por otro lado, Jerónimo dio señales claras a la Casa Rosada al acercarse a los trabajadores de ILVA Porcellanato en Pilar, quienes mantienen un acampe de más de 80 días tras despidos masivos. Acompañado por dirigentes sindicales como José Minaberrigaray y Alejandro Gramajo, sostuvo que la CGT debe estar “donde nos necesitan los laburantes” y reafirmó la intención de construir “una central que represente a todos los trabajadores y que no los deje solos ante conflictos laborales”. La central también coordinó apoyos económicos para las familias afectadas y mediaciones con la Unión Industrial Argentina (UIA).
Aunque por ahora no se prevé un paro nacional, la sucesión de conflictos salariales y despidos podría fortalecer la relación de la CGT con las bases y ejercer presión durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. De no alcanzarse un consenso, las concentraciones frente al Parlamento se perfilan como una estrategia potencial de la central obrera.