La confiscación del teléfono celular de Alberto Fernández es esencial para el desarrollo futuro del caso

El allanamiento realizado el pasado viernes en el departamento de Puerto Madero donde reside Alberto Fernández ha servido como una clara señal del juez Julián Ercolini: el ex presidente podría enfrentar prisión. Esta intervención, que incluyó la incautación de teléfonos y otros dispositivos, podría revelar que Fernández intentó violar la orden de “suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -ya sea por línea fija o celular-, por correo electrónico, mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por medio de terceras personas o por cualquier otro canal”. Si se determina que Fernández infringió esta orden, el fiscal Carlos Rívolo, o su superior Ramiro González, podrían solicitar su detención.

La “Guía de actuación en casos de violencia doméstica” de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que participa en el proceso, establece que si el agresor incumple las medidas preventivas urgentes, las fiscalías deben evaluar si tal conducta representa un riesgo procesal que justifique una prisión preventiva. Además, la norma menciona que la prisión preventiva puede ser necesaria para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

Dentro del limitado círculo que aún apoya al ex presidente, existe la creencia de que el gobierno de Javier Milei, a través de la reactivada vieja guardia de los servicios de inteligencia, habría orquestado esta serie de eventos que desde el domingo pasado se esfuerza en desestabilizar a Fernández. Se atribuye a Fabiola Yañez una serie de motivaciones que van desde intereses económicos hasta razones personales por su denuncia. Sin embargo, se sostiene que el verdadero autor intelectual detrás de esta trama sería el gobierno de Milei, con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner y “la camporonga”, como despectivamente se refiere a La Cámpora.

Se considera que Fabiola Yañez actúa más por intereses financieros que por despecho personal y que Alberto Fernández estaba al tanto de la posibilidad de que esto ocurriera. En 2019, antes de asumir la presidencia, dos amigos políticos le aconsejaron que terminara su relación con Fabiola. «Echala ahora. Después no nos pidas que la saquemos de Olivos como hizo Carlos Menem con Zulema Yoma.» Fabiola ha insinuado que muchas otras personas conocen la situación de violencia que denunció y que, al revelar nombres, estos serán llamados a declarar ante el juez Ercolini.

Los vídeos comprometedores del ex presidente con Tamara Pettinatto son vistos como un intento de desprestigio. Se espera que más material similar sea revelado. El viernes por la noche se esperaba la divulgación de otro video, pero el allanamiento ya había generado suficiente impacto mediático para posponer su publicación.

La teoría conspirativa apunta a Santiago Caputo, asesor clave de Milei, y su conexión con los renovados servicios de inteligencia de la democracia. Se cree que el gobierno tiene una serie de escándalos preparados para desviar la atención, incluyendo eventos inesperados como la desaparición del niño correntino Loan Peña. Mientras se centre la atención en las acusaciones de que Fernández es un mujeriego, maltratador y corrupto, se minimizará el impacto de la crisis económica que se prevé para septiembre y octubre. Una vez que esta crisis se calme, es probable que surjan otros eventos notables, quizás con diferentes protagonistas.

El panorama que se vislumbra para la defensa judicial de Fernández es complicado. A pesar de que el ex presidente sigue convencido de que saldrá sin cargos y que se le deberá pedir disculpas, la realidad es que enfrenta un entorno judicial hostil. Ercolini tiene en su poder una serie de cargos pendientes y el espíritu del fallecido Claudio Bonadio, conocido por su rigurosidad, parece prevalecer en Comodoro Py. El ex presidente ha solicitado que la causa se traslade a los tribunales de San Isidro, argumentando que los incidentes ocurrieron en la residencia de Olivos, donde también se tramita la causa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez durante la pandemia.

La defensa de Fernández ha sido inesperadamente asignada a Silvina Carreira, una abogada de Lanús no especializada en derecho penal, lo que sorprendió incluso a sus abogados en otros casos. Mariana Barbitta, quien había estado asistiendo a Fernández en un expediente sobre irregularidades en la contratación de seguros, se enteró del cambio de defensa a través de los medios. Otros abogados, como Marcelo Sgro y Maximiliano Rusconi, no fueron considerados para la defensa actual.

Carreira, quien ha trabajado con Enrique “Pepe” Albistur, liderará la defensa de Fernández, aunque contará con el respaldo de un equipo de penalistas con conexiones en Comodoro Py y servicios de inteligencia. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para mejorar significativamente las posibilidades del ex presidente en el ámbito judicial.