La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPNA) expresó su inquietud por los recientes incrementos coordinados aplicados por las empresas de medicina prepaga, señalando que esta situación representa una amenaza para el acceso a la atención médica, especialmente para los jubilados. El organismo destacó la preocupante situación de las personas de la tercera edad, quienes, debido a jubilaciones insuficientes y la falta de opciones alternativas, se ven indirectamente obligadas a abandonar el sistema de salud.
La DPNA hizo hincapié en la importancia de la atención médica en la etapa adulta, señalando que es en ese momento de la vida cuando más se necesita, a pesar de que durante la mayor parte de la vida el sistema de salud no genera gastos significativos para los proveedores. Además, argumentó que aumentar unilateralmente las cuotas en la adultez, cuando se requieren más servicios médicos, podría considerarse como pagos sin causa, especialmente si durante gran parte de la vida no se ha utilizado el sistema de manera intensiva.
Las principales empresas del sector han anunciado aumentos significativos y coordinados para enero y febrero, incluso admitiendo la posibilidad de perder afiliados si no pueden mantener los incrementos en las cuotas. Esto ocurre a pesar de las quejas de los afiliados por demoras en la obtención de turnos y las demandas públicas de los profesionales de la medicina debido a los bajos honorarios.
En respuesta a esta crisis, la DPNA propuso la búsqueda de una solución para evitar perjuicios a la población afectada. Se plantea la idea de mantener el régimen anterior a los últimos aumentos para los sectores ya inscritos en el sistema, con la aprobación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) o para los adultos mayores. Por otro lado, se sugiere permitir plena libertad de contratación para los nuevos afiliados, quienes tendrían la flexibilidad de aceptar, rechazar o modificar los contratos. Esta propuesta busca equilibrar las necesidades de la población cautiva con la autonomía de la voluntad para contratar, especialmente en el caso de los adultos mayores, que se encuentran en una situación de total indefensión ante las decisiones unilaterales de los prestadores. La Defensoría recuerda además los pronunciamientos previos de la Justicia Federal y la SSS que cuestionan los aumentos de cuotas en función de la edad, considerándolos arbitrarios y proponiendo el reintegro de los importes abonados por los usuarios.