Este viernes, centenares de empleados de la fábrica de porcelanato ILVA, ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, llevaron adelante una protesta en respuesta a los 300 despidos que la empresa ejecutó recientemente. Según versiones no confirmadas, la compañía habría decidido detener su producción e incluso contemplar el cierre definitivo de sus operaciones industriales y comerciales, aunque existen dudas sobre la veracidad de esta medida.
Los trabajadores afectados, junto con la Federación Obrera Ceramista de la Argentina (FOCRA), sindicato que los representa, iniciaron movilizaciones hace varios días apenas conocieron las cesantías masivas. En las últimas horas, decidieron intensificar las acciones en el Parque Industrial de Pilar, buscando visibilizar un conflicto que tiene en jaque a numerosas familias de la localidad.
El pasado martes, el Ministerio de Trabajo de la provincia citó a las partes a una audiencia de conciliación, a la cual la empresa no asistió, lo que motivó la programación de una nueva reunión el jueves, en la que sí participaron ambas partes. Pese a ello, no se logró un acuerdo, por lo que la cartera laboral dictó una conciliación obligatoria de 15 días, con el objetivo de generar un canal de negociación entre los trabajadores y la firma. No obstante, según denuncian los empleados, ILVA no acató la medida, mantuvo la retención de salarios y prohibió la entrada de los despedidos a la planta, lo que derivó en una escalada de las medidas de fuerza.
En este contexto, los manifestantes realizaron un corte total del tránsito sobre la calle 9, cerca de la calle 20, dentro del Parque Industrial de Pilar. Marcelo Barrionuevo, delegado sindical, explicó a medios locales: “La empresa tomó una decisión unilateral de romper la conciliación obligatoria al no abonar los sueldos, tanto las quincenas como los mensuales”. Añadió: “La que rompe la conciliación obligatoria es la empresa, porque tenía que pagar el día jueves los salarios de los jornales y el lunes había que haber acreditado los mensuales, y no estuvo la plata”.
Por su parte, Juan González, también delegado, manifestó a C5N la grave situación que atraviesan: “Estamos sin poder cobrar nuestro salario, sin poder llevarle el plato de comida a nuestra familia. Con todo lo que sucede en el país, los trabajadores no estamos exentos. Necesitamos respuestas y saber qué quieren hacer con nosotros. Detrás de cada uno hay una familia; nos dejan desamparados y en la calle”.
Otro integrante del cuerpo de delegados, Jonatan, agregó que los despidos, que afectaron a empleados con entre 15 y 30 años de antigüedad, buscan reemplazarlos por nuevos trabajadores bajo el régimen laboral promovido por el gobierno de Javier Milei, el cual amplió los períodos de prueba y flexibilizó las contrataciones, generando un fuerte impacto sobre la estabilidad laboral de la plantilla histórica de ILVA.
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