María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Antonio Viola y sobreviviente del atentado perpetrado por el ERP en 1974, expresó su satisfacción tras el reconocimiento formal del Gobierno Nacional de que dicho ataque constituye un crimen de lesa humanidad. En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, Viola celebró la decisión del presidente Javier Milei de reconocer este hecho «hidalgamente», lo que representó un cambio significativo en la postura del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este giro se produjo tras un acuerdo de solución amistosa alcanzado en la Cancillería, lo que implicó una modificación respecto a la postura mantenida por el gobierno anterior, que había rechazado clasificar el atentado como un crimen de lesa humanidad. María Fernanda Viola explicó en su carta que el ataque sufrido por su padre y su familia se enmarcó dentro de un conflicto armado interno, el cual fue públicamente reconocido por el ERP, y que este acto violento debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. La misiva fue publicada en el portal de noticias Infobae.
En su carta, Viola también criticó la actitud del gobierno de Alberto Fernández, al señalar que el rechazo a la denuncia de su familia fue fruto de una “visión sesgada e ideologizada”, que negó a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Además, destacó el compromiso del gobierno actual de impulsar un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por organizaciones terroristas, lo que permitiría que estos crímenes no queden impunes con el paso del tiempo.
La hija del capitán Viola, María Fernanda, durante un acto con el ministro de Defensa, Luis Petri, en 2024.
Una vez que el acuerdo sea homologado por la CIDH, la familia Viola tiene la intención de llevar a la justicia argentina a los responsables, tanto directos como indirectos, del atentado que aún no han sido condenados.
Cómo fue el atentado
El 1° de diciembre de 1974, miembros del ERP atacaron el Ami 8 que conducía el militar, acompañado de su esposa María Cristina «Maby» Picón y sus hijas María Cristina, de tres años, y María Fernanda, de cinco, al llegar a la casa de sus padres para almorzar.
El capitán Viola fue asesinado junto a su hija menor, mientras que su otra nena, María Fernanda, resultó herida gravemente con disparos en la cabeza, por lo que debió ser sometida a ocho operaciones. Fue en el centro de San Miguel de Tucumán, a pocas cuadras de la histórica Casa de la Independencia.
«Fuimos rodeados por tres coches con hombres del ERP que comenzaron a ametrallarnos. Mi papá, para resguardarnos, se bajó del auto y se alejó, para atraer los disparos hacia él. Empezó a correr hacia una esquina, ya con una herida de bala, y ahí lo remataron con un tiro por la espalda. También mataron a mi hermanita, María Cristina, que tenía tres años. Yo recibí un tiro en la cabeza, una bala que se había colado por la ventanilla. Las esquirlas me dieron en el nervio óptico. Quedé inconsciente. La única persona que salió ilesa fue mi mamá. Yo sobreviví gracias a ella: mi mamá me levantó, yo estaba llena de sangre, pero ella no sabía de dónde me salía», contó María Fernanda el año pasado, en el primer video que difundió el Gobierno de Milei por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Tras el atentado contra Viola, quien formaba parte del Destacamento de Inteligencia en Tucumán, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, el brazo político del ERP), emitió una declaración pública donde calificó la muerte de su hija María Cristina y las heridas a María Fernanda como «un exceso injustificable».
El grupo que realizó el atentado estaba al mando de Hugo Irurzun, junto a otros miembros del ERP: Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y el sueco Svante Grände.