La Justicia condenó patrimonialmente a la exministra de Seguridad, Nilda Garré, por «negligencia grave», al incumplir un fallo que la intimó a evitar los bloqueos a la planta de impresión y distribución de los diarios Clarín y Olé.
El fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condena a la exfuncionaria a pagar una indemnización a la empresa perjudicada.
Los camaristas Jorge Eduardo Moran, Marcelo Daniel Duffy y Rogelio Vincenti revocaron un fallo de primera instancia y condenaron a Garré a pagar 2,14 millones de pesos, más los intereses desde el año 2011, que en la actualidad totaliza alrededor de 21 millones. Es por costos de impresión por los ejemplares no vendidos y la ganancia dejada de percibir por la imposibilidad de comercializar los periódicos.
La decisión sienta jurisprudencia, ya que impone el costo patrimonial al funcionario que incumplió un fallo judicial, en lugar de atribuírselo al Estado.
Los hechos por los que fue condenada la exministra de Seguridad de Cristina Kirchner ocurrieron desde la noche del sábado 26 de marzo de 2011 a la noche, hasta el día siguiente, cuando activistas políticos y gremiales demoraron la distribución de La Nación e impidieron la salida de Clarín y Olé.
De hecho, venían sucediéndose protestas en forma intermitente, en las que también bloqueaban parcialmente la planta de Clarín, pero sin poner en riesgo la distribución de los diarios. Unos meses antes del bloqueo total, había ocurrido otro que impidió la distribución de la revista Viva, en diciembre de 2010, lo que motivó a que la Justicia dictara una medida cautelar para evitar nuevos bloqueos.
Garré consideraba en ese entonces que era «un conflicto gremial, nada más que eso», donde no estaban en juego la libertad de expresión, la libre circulación de los medios de comunicación y el acceso a la información. Por eso, en marzo de 2011 resolvió desacatar la medida que le ordenaba impedir «cualquier bloqueo a la planta» de Arte Gráfico Editorial Argentino (una empresa del Grupo Clarín).
La portada de Clarín del lunes 28 de marzo de 2011, como protesta por el bloqueo realizado a la planta impresora. Foto EFE.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó en ese momento el bloqueo: «La libertad de prensa ha sufrido uno de los mayores atropellos de los que se tenga registro en un período democrático en la Argentina».
También se expresaron los principales dirigentes de la oposición, encabezados por Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, entre otros. En un comunicado destacaron que «la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias. Forma parte de un acuerdo pétreo, inamovible que debe respetarse gobierne quien gobierne la República».
El fallo de los camaristas establece que la entonces ministra debía cumplir con la medida judicial que «exigía el resguardo de dos inmuebles concretos, y uno de ellos -el que concierne al sub lite- estuvo desprovisto de protección policial alguna durante la jornada del 26.03.2011, en clara conculcación con los enfáticos términos de la tutelar inhibitoria y vislumbrando un obrar negligente, carente de las previsiones que exigían las circunstancias».
Para los jueces, «no puede admitirse bajo concepto alguno la inacción o la falta de medidas. Es una omisión que revela un grado de negligencia incompatible con el cuidado que las circunstancias de tiempo y lugar le imponían en función de su cargo». Especialmente por una serie de bloqueos previos que «otorgaban cierto marco de previsibilidad orientador de la conducta a asumir».