La Justicia frenó el decreto de Milei que convertía al Banco Nación en una Sociedad Anónima

El Poder Judicial emitió una medida cautelar para detener la aplicación del decreto presidencial que establecía la conversión del Banco Nación en una Sociedad Anónima. Esta resolución judicial responde a una demanda presentada por la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector financiero y que es dirigido por el diputado nacional Sergio Palazzo, representante de Unión por la Patria. Además de suspender la implementación del decreto, la Justicia requirió al Gobierno un informe que explique cuál es el interés público que justificaría esta transformación de la entidad bancaria.

El fallo, firmado por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, estableció que se debe interrumpir de manera inmediata cualquier acción tendiente a poner en marcha el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25. En su fundamentación, el magistrado subrayó que la decisión de convertir el Banco Nación en una Sociedad Anónima contradice expresamente lo dispuesto por el Congreso Nacional y constituye un abuso de las facultades delegadas por el Legislativo. Este cambio, impulsado por la administración de Javier Milei, representa un paso preliminar en el proceso de privatización de la entidad financiera.

Asimismo, el juez ordenó que el Estado Nacional y el Banco Nación presenten, en un plazo máximo de cinco días, un informe detallado en el que se expongan las razones que justifican la conversión de la institución bancaria en una sociedad anónima, a fin de evaluar si existe un verdadero interés público comprometido en la medida.

El origen de esta intervención judicial se encuentra en una causa iniciada la semana anterior, cuando la Asociación Bancaria presentó una demanda solicitando la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la resolución tomada por el Directorio del Banco Nación bajo el número 348. En dicha presentación, también se cuestionó cualquier acto administrativo orientado a la privatización de la entidad.

Este fallo cobra especial relevancia en el marco del debate legislativo que tuvo lugar en relación con la denominada «Ley Bases». En su tratamiento en el Congreso, los legisladores acordaron excluir al Banco Nación del listado de empresas públicas sujetas a privatización. En abril de 2024, al discutirse nuevamente el proyecto, el dictamen final dejó en claro que la institución financiera no formaría parte de las compañías estatales en proceso de desestatización. Ramos Padilla recordó en su resolución que esta determinación fue resultado de un acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición, alcanzado durante las sesiones plenarias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. En este contexto, el magistrado calificó la decisión del Ejecutivo como un claro exceso de atribuciones.

Por su parte, Sergio Palazzo celebró la resolución judicial, señalando que confirma las advertencias realizadas desde el sindicato sobre las intenciones del Gobierno de avanzar en la venta de las acciones del Banco Nación, a pesar de no haber logrado incluirlo en la Ley Bases. A través de un mensaje en la red social X, el dirigente sindical destacó la importancia del fallo que suspende la transformación de la entidad.

Durante una entrevista con Modo Fontevecchia, Palazzo calificó la maniobra del Gobierno como un intento de beneficiar a empresarios cercanos a la administración de Milei. En ese sentido, mencionó a Larry Fink, CEO del fondo de inversión BlackRock, como uno de los potenciales beneficiarios de la medida. Además, el gremio bancario emitió un comunicado en el que tildó al Presidente de «estafador» y vinculó su accionar con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. En dicho documento, el sindicato argumentó que la venta del Banco Nación carece de fundamentos económicos sólidos y solo responde a intereses particulares.

El decreto en cuestión fue publicado recientemente en el Boletín Oficial y, según fuentes oficiales, no implicaba la pérdida del carácter público del Banco Nación, sino que eliminaba ciertas restricciones que limitaban su operatividad en el marco de una sociedad estatal. La medida buscaba facilitar la apertura de capital y atraer nuevas inversiones. Sin embargo, la resolución judicial ha puesto un freno a estos planes, al menos hasta que el Ejecutivo justifique debidamente la necesidad de la reforma.

En su fallo, el juez Ramos Padilla hizo hincapié en la importancia del Banco Nación dentro del sistema financiero argentino. La entidad posee una participación significativa en el sector, con un 18% de los depósitos privados y la mitad de los depósitos públicos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de todos los depósitos del país, según datos del Banco Central. Además, cuenta con una extensa red de 658 sucursales, lo que equivale al 16% de la infraestructura bancaria nacional.

En este escenario, la controversia en torno a la transformación del Banco Nación y su posible privatización se perfila como un tema clave en la agenda política y económica del país, con la intervención de distintos actores que buscan influir en el desenlace de la situación.