En el marco de una causa judicial que analiza los hechos de represión ocurridos el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso de la Nación, el agente de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, fue procesado por la Justicia. El oficial fue acusado formalmente por los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves, cargos que se le imputan en concurso real, es decir, por acciones independientes que se suman en gravedad.
El incidente tuvo lugar durante una manifestación encabezada por jubilados, y uno de los hechos más alarmantes fue la agresión sufrida por una niña de apenas 10 años, Fabrizia Pegoraro, quien se encontraba junto a su madre en el suelo al momento del ataque. A pesar de la clara indefensión de ambas, Rivaldi procedió a arrojar gas directamente hacia ellas.
Según la resolución emitida por el juez federal Sebastián Ramos, el accionar del agente se desvió por completo de lo establecido por los protocolos y normativas vigentes que regulan el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El magistrado subrayó que ni la madre ni la menor representaban amenaza alguna, ya que estaban caídas en el piso, sin mostrar resistencia ni realizar acto alguno que pudiera justificar la agresión. El fallo especifica además que el policía se encontraba en una posición elevada respecto a las víctimas y apuntó de forma directa a sus rostros, un gesto que evidencia un uso desmedido e injustificado de su autoridad.
Esta resolución judicial representa un avance significativo en la investigación sobre el operativo represivo de ese día, especialmente por tratarse de una acción violenta dirigida a personas vulnerables, entre ellas una menor de edad. Con este procesamiento, la Justicia reconoce la responsabilidad individual del agente en los hechos y sienta un precedente en cuanto al control del accionar policial en contextos de protesta social.