La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha decidido comenzar auditorías en 26 universidades públicas que previamente firmaron un convenio de control con el organismo, según información obtenida por TN. Esta acción será una de las primeras medidas implementadas por este ente de control interno, en respuesta al dictamen emitido por el Gobierno que permite la revisión de las finanzas de estas instituciones educativas.
Desde el año 2023, la SIGEN ha establecido acuerdos con diversas facultades públicas que han aceptado someterse a inspecciones. Esta decisión se tomó de forma autónoma, a pesar de la resolución anterior firmada por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que había señalado que las auditorías sobre las facultades representaban una “vulneración a la autonomía”.
Una fuente experta en el tema explicó: “Ahora comienza una nueva etapa, donde las auditorías pasan a ser una obligación”. Esta fuente también mencionó que se enviará un comunicado a las autoridades de cada universidad, informándoles de que se procederá con las auditorías. Además, se destacó que la Sindicatura tiene la autoridad para intimar a las universidades a entregar su rendición de cuentas.
En la SIGEN reconocen la posibilidad de que algunas universidades opten por judicializar la medida, argumentando que esto podría interferir en la autarquía y autonomía de cada institución, derechos garantizados por la Constitución Nacional. En este contexto, un pedido de auditoría con fuerza ejecutiva podría ser bloqueado mediante una medida cautelar, permitiendo que un juez decida a favor de las universidades.
En cuanto a las universidades que serán auditadas en primer lugar, la SIGEN se centrará en aquellas que ya han firmado convenios y que cuentan con un plan de auditoría establecido. Las auditorías se llevarán a cabo en distintas etapas, enfocándose en áreas específicas, comenzando con la revisión del sistema de compras de las instituciones.
Para las universidades que no tienen un acuerdo firmado, será necesario detallar un proyecto de auditoría y también «tener el instinto para revisar dónde podrían surgir anomalías». Un experto que sigue de cerca esta situación señaló: “Muchas veces surgen irregularidades, estamos hablando de fondos públicos que no tienen control por parte del Estado”. Se enfatizó que estas instituciones no funcionan como “islas” y deben adherirse a los sistemas establecidos por el Estado.
Es importante destacar que la SIGEN solo tiene la facultad de auditar la administración de fondos, lo que implica verificar si las universidades cumplen con los procesos de licitación, qué compras realizan, a quién contratan y por qué montos. Desde el Ejecutivo se menciona que esta es “una oportunidad de mejora”.
Las universidades que están en la lista inicial para ser auditadas por la SIGEN son las siguientes (la Universidad Nacional de Tucumán, UNT, no se encuentra en esta lista):
- Universidad Nacional de La Pampa
- Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR)
- Universidad Nacional de los Comechingones (UNComen)
- Universidad Pedagógica Nacional
- Universidad Nacional de Villa María
- Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
- Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
- Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
- Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
- Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo (UNMa)
- Universidad de Quilmes (UNQ)
- Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
- Universidad Nacional Arturo Jauretche
- Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
- Universidad Nacional de las Artes (UNA)
- Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
- Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
- Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ)
- Universidad Nacional del Oeste (UNO)
- Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
- Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAv)
- Universidad Nacional de Moreno (UNM)
- Universidad Nacional de Rafaela (UNdeR)
- Universidad Nacional del Sur (UNS)
- Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR)
- Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)