La causa judicial que investiga la represión durante la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo frente al Congreso Nacional avanza con pasos concretos. En este contexto, la Justicia federal convocó a declarar como imputado a Jesús Héctor Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, señalado como el autor del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante los incidentes ocurridos ese día.
El pedido de indagatoria se apoya en la hipótesis de que el proyectil que impactó a Grillo fue disparado desde el grupo de gendarmes desplegados en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís, y más específicamente, desde la posición que ocupaba Guerrero. Por esta razón, la medida incluye también la prohibición de salida del país para el acusado.
Además, el juez ordenó una reconstrucción meticulosa del hecho con el objetivo de determinar elementos clave de lo ocurrido. Entre otras cosas, se intentará establecer con precisión la distancia entre el lugar desde donde se efectuó el disparo y el punto en que el proyectil impactó, así como también la posición exacta tanto del tirador como de la víctima en el momento del ataque. La audiencia para tomar declaración indagatoria a Guerrero ha sido fijada para el 2 de septiembre a las 10 de la mañana.
El peritaje técnico solicitado deberá arrojar luz sobre una serie de aspectos cruciales para la causa:
- El recorrido exacto que siguió el proyectil desde el momento en que fue disparado hasta que impactó en la cabeza de Grillo.
- La velocidad que alcanzó el proyectil durante su trayectoria.
- La ubicación y el ángulo del arma al momento de efectuarse el disparo.
- Si hubo una superficie intermedia que desvió o modificó la velocidad del proyectil antes de impactar a Grillo.
- La localización específica del fotógrafo y del gendarme cuando se produjo el disparo.
Paralelamente, la actuación de la Gendarmería como institución en relación a este caso generó fuertes cuestionamientos. En un movimiento veloz y ampliamente criticado, la fuerza de seguridad cerró en tiempo récord la investigación administrativa interna que revisaba la conducta de sus efectivos en la jornada del 12 de marzo. Según se informó, el expediente fue cerrado sin establecer ninguna responsabilidad ni aplicar sanción disciplinaria alguna a los agentes involucrados, incluido el propio Guerrero, quien continúa cumpliendo funciones.
Para los abogados de la familia de Pablo Grillo, este cierre administrativo evidencia severas deficiencias. Los representantes legales de la querella, entre ellos integrantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresaron que la investigación interna de Gendarmería careció de rigor, seriedad y voluntad real de esclarecer los hechos.
En palabras de los equipos jurídicos, el procedimiento «no fue más que una formalidad vacía», cuyo único propósito habría sido justificar la conducta de los efectivos involucrados y evitar cualquier señalamiento de responsabilidad que pudiera derivarse de sus actos, pese a que estos pusieron en riesgo la vida e integridad física de ciudadanos que participaban de una manifestación.