Los inversores extranjeros podrán obtener la ciudadanía argentina mediante importantes inversiones

El Gobierno argentino oficializó una nueva normativa que permitirá a ciudadanos extranjeros obtener la ciudadanía nacional a través de un programa de «ciudadanía por inversión», destinado a quienes realicen aportes económicos considerados significativos dentro del país. Esta iniciativa forma parte de la reforma migratoria impulsada por la administración de Javier Milei y fue instrumentada mediante el Decreto 524/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Esta reglamentación se suma al Decreto 366/25, firmado en mayo, que ya había introducido modificaciones sustanciales a la Ley de Ciudadanía vigente.

Este nuevo mecanismo de acceso a la naturalización está diseñado para atraer capital extranjero y estimular el desarrollo económico del país, y no impone como condición el tiempo de residencia previa del solicitante en Argentina. Es decir, incluso aquellos que no hayan vivido antes en el país podrán iniciar el trámite si su inversión es evaluada como significativa por las autoridades correspondientes.

El proceso comenzará con la presentación de una solicitud por parte del interesado ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo autónomo recientemente creado y que estará bajo la supervisión del Ministerio de Economía. Esta entidad será la encargada de determinar si el aporte económico realizado cumple con los criterios para ser considerado “relevante” en términos del impacto que genera en la economía nacional.

Una vez aceptada la solicitud preliminar, la Agencia deberá solicitar informes a distintos organismos estatales clave: el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Justicia, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Todos estos organismos evaluarán si la entrega de la ciudadanía podría significar una amenaza para la seguridad o los intereses estratégicos del país.

Reunida toda la información, la Agencia elaborará un informe técnico con su recomendación sobre el caso, el cual será remitido a la Dirección Nacional de Migraciones. Este último organismo tendrá la responsabilidad de tomar la decisión final sobre la naturalización del inversor. En caso de que la inversión no cumpla con los criterios establecidos o alguna de las áreas consultadas desaconseje otorgar la ciudadanía, se procederá a rechazar la solicitud. La Dirección Nacional de Migraciones contará con un plazo máximo de 30 días para emitir su resolución definitiva.

Con este nuevo marco legal, el Gobierno busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para inversiones extranjeras directas, otorgando a cambio un incentivo relevante: la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina, con todos los derechos y deberes que ello implica.