Marcha de jubilados: un video identifica al autor del disparo que dejó a un manifestante sin visión en un ojo

Una reciente reconstrucción realizada a partir de evidencia audiovisual permitió identificar al miembro de la Prefectura Naval Argentina que efectuó el disparo contra el manifestante Jonathan Navarro durante la movilización de jubilados frente al Congreso Nacional, el pasado 12 de marzo. A consecuencia de ese impacto, Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo, luego de recibir un proyectil directamente en el rostro, disparado a corta distancia por un efectivo aún no identificado nominalmente.

La agresión se produjo mediante el uso de un rifle Byrna TCR, un arma considerada «táctica disuasiva», que lanza proyectiles neumáticos con gas pimienta. El uso de este tipo de armamento está regulado por protocolos que prohíben disparar hacia zonas sensibles del cuerpo, como el rostro. Sin embargo, los registros fílmicos revelan que el prefecto apuntó directamente a la cara de Jonathan, desde una distancia mayor a tres metros, violando las directrices de actuación establecidas para situaciones de control del orden público.

La reconstrucción del hecho fue posible gracias al trabajo del Mapa de la Policía, una red integrada por organizaciones sociales, legisladores y especialistas, que se dedica a documentar y denunciar casos de violencia institucional. Para este caso, se combinaron imágenes captadas por la ciudadanía con registros de cámaras de seguridad urbana. Mediante el análisis minucioso de estas fuentes, se logró identificar al prefecto responsable del disparo, no sólo por el arma de color naranja que portaba, sino también por detalles en su indumentaria: llevaba protecciones en los antebrazos colgando a los costados de su cintura, un guante negro en una de las manos y una marca blanca visible en la parte trasera del casco.

Desde el colectivo explicaron que la colaboración de reporteros gráficos, quienes aportaron imágenes en alta resolución, fue fundamental para lograr una identificación más precisa del rostro del agresor, quien integraba la formación de las fuerzas de Prefectura Naval durante la represión.

Además, se reconstruyó que minutos antes de que Navarro fuera herido, otro manifestante, Pablo Grillo, recibió un disparo en la cabeza por parte del cabo Héctor Guerrero, integrante de Gendarmería Nacional. Este hecho, que también contraviene los protocolos de uso de armas lanzagases, indica una coordinación represiva preocupante: dos fuerzas de seguridad distintas, sin una línea visual compartida y en ubicaciones diferentes, actuaron de manera similar y con la misma violencia en el mismo lapso de tiempo.

La responsabilidad jerárquica dentro de la Prefectura también fue abordada. El informe identificó al Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe del grupo especial Albatros, como el superior a cargo de las operaciones de esa jornada. Toda la acción represiva, tanto de Prefectura como de Gendarmería, habría respondido a órdenes emanadas del comando unificado de seguridad, liderado por la ministra Patricia Bullrich.

El caso de Jonathan Navarro cobró notoriedad no sólo por la brutalidad del ataque, sino también por la historia personal del joven, vecino de San Martín, hincha del club Chacarita Juniors. El día de la movilización decidió sumarse a la protesta porque su padre había tenido que gastar 80 mil pesos en un medicamento que hasta hacía poco tiempo conseguía sin costo. Esa experiencia personal fue el motivo que lo llevó a manifestarse.

La secuela del disparo fue devastadora: tras acudir al hospital, se le diagnosticó una lesión irreversible que le provocó la pérdida total de la visión en uno de sus ojos. Desde entonces, su vida cambió drásticamente. Jonathan abandonó actividades que eran centrales para él, como asistir a la cancha, practicar deportes o desarrollar tareas que requieren reflejos. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento psicológico para afrontar las consecuencias del trauma sufrido.

La investigación forma parte del trabajo colectivo del Mapa de la Policía, una red integrada por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo de Investigación Política (EDiPo), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), FM La Tribu, la legisladora Victoria Freire, y otros espacios comprometidos con la denuncia y documentación de la violencia institucional.

Cabe recordar que en marzo de este año, esta misma red había realizado una reconstrucción similar para el caso de Pablo Grillo. En ese trabajo, se reconstruyó la trayectoria del disparo que lo hirió y se identificó a Guerrero como el autor material del ataque, así como la cadena de mandos que lo habilitó. Estos informes forman parte de una iniciativa más amplia para visibilizar, investigar y frenar el abuso por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.