Este jueves desde las 14, el Senado de la Nación será escenario de una sesión clave que podría definir el futuro de temas altamente sensibles para la administración del presidente Javier Milei. Entre los puntos destacados de la agenda figura el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que ha generado una fuerte movilización social y que fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La organización llamó a concentrarse frente al Congreso Nacional y a realizar actos en diferentes ciudades del país, además de solicitar la suspensión de actividades institucionales durante esa jornada.
La convocatoria a la sesión especial fue transmitida informalmente a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, durante una reunión mantenida el sábado con representantes de prácticamente todos los bloques parlamentarios. En este encuentro se acordó incluir siete proyectos de alto impacto en la agenda legislativa, aunque aún no se definió formalmente cuál será el orden de tratamiento. La dinámica del debate quedará sujeta a qué propuesta reúna mayor respaldo en el recinto, dado que no se conformó una Labor Parlamentaria previa ni se estableció un temario oficial por anticipado.
Entre las iniciativas que se discutirán figuran el incremento del bono para jubilados, la extensión de la moratoria previsional y, especialmente, la declaración de la Emergencia en el sistema de atención a personas con discapacidad. Estos tres proyectos ya cuentan con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y, pese a que avanzan en el Congreso, el presidente Milei ha advertido públicamente que no descarta vetarlos si llegan a convertirse en ley.
En paralelo al debate parlamentario, el Foro de Discapacidad convocó a una movilización masiva este jueves 10 de julio a partir de las 11 de la mañana, concentrándose en las puertas del Congreso Nacional y replicando la protesta en otros puntos del país. El objetivo es exigir la aprobación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, subrayando que el sistema atraviesa una profunda crisis.
Desde el Foro se denuncia que el modelo actual de atención a las personas con discapacidad se encuentra en una situación de colapso, con una alarmante desfinanciación por parte del Estado, incumplimientos reiterados y una sistemática vulneración de derechos. Esta crisis afecta directamente a más de 250.000 personas con discapacidad que dependen de servicios específicos, así como a unas 150.000 personas que trabajan en este sector.
En ese contexto, Eduardo Maidana, secretario de AIEPESA (una de las entidades que integra el Foro), expresó su preocupación ante la Comisión de Salud del Senado, remarcando que “no podemos permitir este maltrato. No estamos pidiendo privilegios, sino que se respeten derechos ya consagrados en la ley y que hoy están siendo ignorados de forma sistemática”.