Nueva represión en el Congreso: la Policía arrestó a un joven, a un reportero gráfico y cargó contra jubilados

La escena vuelve a repetirse con preocupante frecuencia. Cada vez que los jubilados argentinos se movilizan en defensa de sus derechos, las fuerzas de seguridad actúan aplicando el llamado “protocolo anti-piquetes”, una medida impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que en los hechos se traduce en operativos de represión y violencia hacia manifestantes, entre ellos numerosos adultos mayores.

Este miércoles, como sucede habitualmente cada semana, un importante grupo de jubilados y ciudadanos se concentró frente al Congreso de la Nación para expresar sus reclamos previsionales y exigir una mejora en sus condiciones de vida. Sin embargo, la jornada pacífica terminó en un nuevo episodio de represión policial a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad, que actuaron con extrema dureza.

Según los testimonios presentes, en medio de la protesta los agentes detuvieron a un joven que vestía una camiseta de la Selección Argentina, derribaron al suelo a un fotógrafo que intentaba registrar los hechos y arrestaron también a un jubilado que participaba de la movilización. Las imágenes de la intervención policial circularon rápidamente, generando indignación entre los asistentes y en redes sociales.

Cabe recordar que los miércoles se han convertido en una fecha simbólica para los jubilados autoconvocados, que desde hace tiempo eligen ese día para reunirse frente al Congreso y visibilizar sus reclamos. Su principal demanda gira en torno a la recomposición de los haberes jubilatorios, que consideran totalmente insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Los manifestantes exigen aumentos que superen la línea de pobreza, denunciando que con sus actuales ingresos no logran pagar los gastos esenciales de alimentación, vivienda y medicamentos. En ese sentido, muchos expresan que no quieren verse forzados a “elegir entre remedios o comida”, una frase que se repite como consigna y refleja crudamente la realidad que enfrentan miles de adultos mayores en el país.

Otro de los reclamos más insistentes tiene que ver con la restitución de la cobertura total de medicamentos, beneficio que —según denuncian— fue reducido e incluso eliminado para gran parte del sector pasivo.

A pesar de la naturaleza pacífica de las manifestaciones, las marchas de los jubilados suelen ser interrumpidas con violencia por las fuerzas de seguridad. En este nuevo episodio, ocurrido el 8 de octubre, volvió a evidenciarse el accionar de un Estado que, bajo las directrices del Ministerio de Seguridad, responde con represión incluso ante protestas legítimas.

El operativo no solo afectó a los jubilados, sino también a trabajadores de prensa, mujeres y jóvenes, en un contexto donde la consigna de la protesta se vio desvirtuada por la actuación policial. Lejos de ofrecer una instancia de diálogo o mediación, el despliegue de uniformados volvió a dejar imágenes de violencia institucional en un escenario que debería ser símbolo de democracia y participación ciudadana.

Así, una vez más, el reclamo por una jubilación digna terminó eclipsado por los incidentes provocados por las fuerzas del orden, reafirmando la tensión entre las políticas de seguridad vigentes y el derecho a manifestarse pacíficamente.