Este miércoles, Aerolíneas Argentinas tomó la decisión de expulsar a Pablo Biró, quien se desempeñaba como titular del gremio de los pilotos, del directorio de la compañía. Esta medida se concretó durante la Asamblea de Accionistas, donde se encontraban cuatro directores, aunque Biró impugnó el despido.
Franco Mogetta, el secretario de Transporte, había anticipado previamente que, tras la salida de Biró, el Gobierno interpondría acciones legales contra los líderes sindicales. Esta advertencia se produjo en el contexto de la disputa generada por los dos paros organizados por Biró en las primeras semanas de septiembre. Mogetta también confirmó la expulsión del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y enfatizó que era “una decisión tomada”.
Con esta acción, el Estado Nacional, que es el principal accionista de Aerolíneas Argentinas, ha determinado que Biró ya no representará a los trabajadores en la empresa. Se anticipa que APLA, bajo el liderazgo de Biró, responderá a esta medida con una presentación judicial para intentar revertirla.
La asamblea se llevó a cabo en las instalaciones de la aerolínea en el Aeroparque Metropolitano, y su orden del día incluía la «Designación de dos accionistas para firmar el acta; remoción con causa del director Pablo Biró por violación de los deberes impuestos a los directores conforme el artículo 59, 274 y concordantes de la ley de Sociedades».
En la segunda semana de septiembre, el Ministerio de Seguridad de la Nación había denunciado a Biró, acusándolo de cometer un delito de amenazas extorsivas según el artículo 149 bis del Código Penal. Esto surgió después de que el Gobierno anunciara que el transporte aéreo se declararía esencial, momento en el cual Biró declaró ante los medios: “Esto se va a poner mucho peor”.
Biró se convirtió en un blanco del Gobierno debido a su papel en el conflicto en el sector del transporte aéreo. Se le acusó de politizar su rol sindical y causar serios daños económicos a Aerolíneas Argentinas. También, empresarios señalaron que Biró estaba utilizando su influencia para desestabilizar la compañía mediante paros y asambleas informativas.
A raíz de las huelgas, Aerolíneas anunció que denunciaría a los sindicatos y sus líderes por los daños ocasionados, especialmente por las pérdidas económicas de operación y los reclamos de pasajeros perjudicados. Se indicó que, debido a sus declaraciones públicas y acciones en contra de los intereses de la compañía, Biró actuó de manera desleal y sería responsable, en términos ilimitados y solidarios, por los daños que resulten de sus acciones u omisiones, conforme al artículo 59 de la Ley General de Sociedades.
El documento oficial también afirmaba que, por solicitud de la Secretaría de Transporte, que es el principal accionista de la compañía, se iniciarían las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de expulsión.
El Gobierno continúa buscando apoyo en el Congreso para retomar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, y ha conseguido que el diputado por el PRO, Hernán Lombardi, presente un proyecto que declara a la compañía “sujeta a privatización”, permitiendo al Ejecutivo establecer el marco legal y llevar a cabo el procedimiento para la venta.
Aunque esta iniciativa cuenta con el respaldo de todo el macrismo, aún es necesario sumar el apoyo del radicalismo y de los legisladores provinciales que forman parte de la oposición dialoguista.
Desde la Casa Rosada, se afirma que se buscará modificar el convenio colectivo de los trabajadores del sector y los beneficios para los empleados de Aerolíneas Argentinas. Fuentes gubernamentales han señalado que, sin modificaciones en ese marco, “es poco probable que se avance con la venta”.
Además, el Gobierno tiene en agenda la derogación del decreto 778, que regula las horas máximas de vuelo y el descanso de los pilotos, el cual forma parte de la reglamentación del título V del Código Aeronáutico (Ley 17.285).