La justicia federal de La Plata ha emitido una orden dirigida a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instándola a abstenerse de grabar la marcha y de realizar interceptaciones a personas para solicitar documentación mientras se encuentren a bordo del transporte público. La medida fue tomada por el juez Ernesto Kreplak, quien concedió un hábeas corpus colectivo justo antes del paro y la movilización convocada por la CGT para el 24 de enero.
La orden judicial está destinada al Ministerio de Seguridad de la Nación, solicitando que no emita órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción para filmar y/o interceptar a personas en la vía pública, especialmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a unidades de trenes. El juez Kreplak considera que esta práctica, sin orden judicial previa y sin circunstancias justificadas, vulnera el derecho fundamental de libertad ambulatoria.
A pesar de la respuesta del Ministerio de Seguridad, que aseguró que no estaba previsto filmar la manifestación, el juez Kreplak hizo lugar al pedido del hábeas corpus. En su fallo, destacó que las irregularidades serían aún más preocupantes si las intervenciones policiales, incluyendo requisas, no quedaran registradas en actas para un posterior control judicial, como se argumenta que ocurrió en eventos anteriores.
El juez también especificó que el Ministerio de Seguridad debe instruir a las fuerzas de seguridad para que, en caso de llevar a cabo requisas sin orden judicial, se elaboren actas pertinentes para el control jurisdiccional posterior, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
El hábeas corpus presentado busca proteger los derechos de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que participarán en la movilización del 24 de enero convocada por la CGT. Se fundamenta en la amenaza percibida a la libertad ambulatoria debido a requisas y filmaciones sistemáticas por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad de la Nación, sin motivación o orden judicial, durante manifestaciones y convocatorias sociales en la provincia y cercanías de la Ciudad de Buenos Aires.
Los accionantes argumentan que ya fueron víctimas de estas prácticas arbitrarias y que se han realizado requisas y filmaciones sin motivo aparente durante el transporte público hacia la Ciudad de Buenos Aires desde diversas localidades bonaerenses. A pesar de la respuesta del Ministerio de Seguridad, el riesgo percibido llevó al juez a dictar la orden judicial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la movilización planificada.
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