Los gremios de empleados públicos comenzaron a organizar una serie de manifestaciones para coincidir con el debate parlamentario sobre la reforma laboral, luego de que el Gobierno oficializara mediante decreto el llamado a Sesiones Extraordinarias, programadas entre el 10 y el 30 de diciembre en el Congreso nacional.
La confirmación llegó de la mano de Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El dirigente explicó que, en los últimos días, se intensificaron las conversaciones entre las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), con el objetivo de evaluar acciones coordinadas frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Catalano detalló que “(Hugo) Yasky y (Hugo) Godoy hablaron con el triunvirato (cegetista) para llevar medidas en conjunto. Si se puede o no con la CGT, el día del tratamiento las dos CTA plantearon un paro y movilización, y vamos a estar en la calle resistiendo”, según expresó durante una entrevista con radio Splendid. Con estas declaraciones, dejó en claro que las centrales sindicales preparan una presencia activa en las calles durante el debate legislativo.
En ese mismo sentido, la conducción nacional de ATE resolvió convocar para este martes 9 de diciembre a un paro general acompañado de una marcha hacia el Congreso, como gesto de rechazo al plan oficial de modificar la normativa laboral vigente.
Durante esa jornada también se hará pública la propuesta de Reforma Laboral elaborada por el Consejo de Mayo, instancia en la que Gerardo Martínez, integrante de la cúpula de la CGT, tendrá participación como representante del sector sindical.
La huelga dispuesta por el Consejo Directivo Nacional de ATE abarcará no solo a los empleados de la Administración Pública nacional, sino también a los trabajadores dependientes de gobiernos provinciales y municipios del país.
Mientras tanto, otros referentes de la CGT —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, recientemente incorporados a la conducción— manifestaron su rechazo a los lineamientos presentados por el Gobierno y solicitaron abrir una instancia formal de diálogo. Sin embargo, hasta el momento evitaron anunciar un paro general durante el tratamiento de la iniciativa oficial.
Al referirse al contenido de la propuesta oficial, Catalano explicó que la información es escasa y que “es muy poco lo que se sabe. Los diputados y senadores dicen que es un refrito de lo que está dando vuelta. Nosotros entendemos que hay una intención de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos, que se pongan en duda derechos de estabilidad laboral, que no haya indemnizaciones y que te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Es lo que se viene planteando, eso sería el escrito”.
Además, el dirigente remarcó que la discusión no se limita solo a los cambios en las normas laborales, sino que también alcanza a la reforma penal que pretende impulsar el Gobierno mediante modificaciones al Código Penal. Según Catalano, este es otro aspecto que “desde la política se debería resolver”.
Movilización de organizaciones piqueteras
Paralelamente a las acciones de los gremios estatales, distintos movimientos piqueteros anunciaron para el mismo martes una “Jornada nacional de lucha”, que incluirá cortes y manifestaciones en al menos 32 puntos del país. Las organizaciones también rechazan la reforma laboral y reclaman medidas económicas urgentes.
La convocatoria fue impulsada por el Frente de Lucha Piquetero junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Entre las principales demandas figuran: la restitución y ampliación del Salario Social Complementario, que el Gobierno prevé eliminar en abril; la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo; un bono de fin de año para beneficiarios de programas sociales, empleados informales y trabajadores de la economía popular; el avance de obras en barrios vulnerables; y la reposición de alimentos destinados a comedores comunitarios.