Pettovello deberá explicar la retención de alimentos en depósitos

El Ministerio de Capital Humano se encuentra nuevamente bajo la mirada de la Justicia a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois. La acusación exige que la cartera que encabeza Sandra Pettovello brinde explicaciones en un plazo máximo de 72 horas sobre la cantidad de alimentos almacenados en sus depósitos y el motivo por el cual no han sido entregados a los comedores comunitarios que los requieren. Además, se solicita que se informe sobre la fecha de vencimiento de estos productos y se detalle el historial de retiros y distribución de mercadería realizada desde junio del año pasado.

La denuncia también sostiene que, además de los alimentos retenidos, el Gobierno mantiene almacenados útiles escolares y otros materiales destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Ante este señalamiento, el caso vinculado a estos insumos educativos se tramitará de manera separada y quedó bajo la jurisdicción del juzgado de María Eugenia Capuchetti.

Un conflicto que no cesa

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, representada por Grabois, ha advertido que la gestión de Pettovello suspendió el envío de alimentos a comedores populares. Durante la investigación llevada adelante por el juez Sebastián Casanello, se descubrió que el Ministerio tenía almacenadas 5.000 toneladas de comida en dos depósitos, sin distribuir y próximas a su vencimiento, pese a que estos productos estaban destinados a alimentar a familias en situación de extrema necesidad.

Ante estos hallazgos, el juez Casanello, junto con la Cámara Federal y la Cámara de Casación, ordenó al Ministerio de Capital Humano elaborar un plan de distribución de los alimentos retenidos. Sin embargo, Pettovello argumentó su negativa a canalizar la entrega a través de organizaciones sociales, a las que el gobierno ha criticado en reiteradas oportunidades. Su única alternativa fue designar a la fundación Conin, dirigida por el pediatra Abel Albino, como intermediaria en la distribución. Además, dispuso que las provincias pudieran retirar los alimentos directamente de los depósitos, aunque este mecanismo no resultó viable en todos los casos.

La nueva denuncia presentada en sede judicial incluyó videos enviados por trabajadores del propio ministerio a Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quien ha liderado los reclamos para la entrega de alimentos y otros recursos a los sectores más vulnerables. En la presentación, se alertó sobre la presencia de alimentos en mal estado, leche próxima a vencerse y útiles escolares acumulados en un galpón del Ministerio ubicado en Villa Martelli, donde anteriormente se habían realizado allanamientos judiciales.

Dado que el Ministerio de Capital Humano continúa sin cumplir con las órdenes judiciales, la denuncia solicitó una nueva medida de allanamiento, además de la citación a declaración indagatoria de Pettovello, requerimiento que aún no ha sido resuelto por la Justicia.

Respuesta del Gobierno y nuevas medidas judiciales

En reacción a la denuncia, el Ministerio de Capital Humano negó las acusaciones y argumentó que las imágenes presentadas como prueba eran antiguas. No obstante, los videos en cuestión fueron filmados en febrero, lo que contradice la defensa oficial. En su descargo, la cartera dirigida por Pettovello aseguró que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no ha registrado alimentos vencidos o en riesgo de vencer en sus depósitos y que, actualmente, sólo mantiene un remanente de yerba y aceite a disposición de las provincias. También indicó que existe un plan de entrega que concluirá el 14 de marzo, aunque en la práctica, para muchas provincias, el proceso de retiro de grandes volúmenes de alimentos resulta complejo.

Dado que el juez Casanello se encuentra de licencia, el magistrado Julián Ercolini quedó a cargo del expediente. Si bien no ordenó un nuevo allanamiento, solicitó un informe detallado al Ministerio de Capital Humano. En su requerimiento, Ercolini pidió que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia precise, en un plazo de 72 horas, la cantidad exacta de alimentos que aún permanecen en los depósitos y sus respectivas fechas de vencimiento, además de la documentación que respalde la información suministrada.

Por otra parte, la Secretaría de Niñez, una de las áreas encargadas de la política alimentaria y la asistencia a infancias y adolescentes en situación de vulnerabilidad, fue recientemente desmantelada con el despido de aproximadamente 2.000 empleados, algunos con más de 20 años de antigüedad.

Mientras tanto, a fines de febrero, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución mediante la cual estableció que los alimentos, artículos de higiene, ropa, calzado y medicamentos incautados en la Aduana sean entregados exclusivamente a la fundación Conin, la misma organización elegida por Pettovello para la intermediación en la distribución de alimentos.

Cabe recordar que el año pasado, un fallo judicial en lo contencioso administrativo condenó al Estado Nacional por incumplir con la entrega de alimentos, violando así un derecho fundamental: el acceso a la alimentación. A pesar de algunas acciones parciales para acatar la orden judicial, hasta el momento, la problemática persiste y el conflicto sigue sin resolverse.