Sandra, esposa de Fernando Martín Gómez, un joven de 27 años que fue asesinado el 18 de diciembre cerca de la ruta nacional 50 en Salta, exigió respuestas sobre la muerte de su marido, quien se dedicaba al comercio de hojas de coca. “Mi marido era pasador de hojas de coca. Tenía hijos. Fuimos al puesto 28 y no nos dejaron pasar. Queremos saber qué pasó y que nos entreguen el cuerpo”, reclamó Sandra. El hecho ocurrió durante un violento operativo vinculado al Plan Güemes, una iniciativa de seguridad promovida por la ministra Patricia Bullrich. Este operativo, que la ministra celebró como una acción contra “narcos violentos”, fue severamente cuestionado por la comunidad, que lo considera una represión injustificada hacia trabajadores informales, conocidos como “bagayeros”, quienes dependen del comercio de hojas de coca y otras mercaderías para subsistir.
El senador de Salta, Sergio Leavy, ya ha presentado un proyecto solicitando informes al Gobierno Nacional sobre lo ocurrido, al considerar que el operativo no estuvo dirigido contra narcotraficantes, sino contra trabajadores de frontera. Leavy destacó que, con menos de un mes desde el inicio del Plan Güemes, ya se había registrado una muerte y varios heridos que nada tenían que ver con el narcotráfico. “Si con menos de un mes de implementación del Plan Güemes ya contamos con un muerto y varios heridos que nada tienen que ver con el narcotráfico, se observa una falta de conocimiento de las particularidades de la zona y las verdaderas problemáticas que se deben atacar con firmeza como el narcotráfico y el lavado de dinero que no estarían presentes en este lamentable resultado del operativo”, declaró Leavy, añadiendo que los operativos deben contar con el apoyo de la comunidad, no tratar a sus miembros como enemigos.
Tras la muerte de Gómez, familiares y compañeros de trabajo realizaron un corte total de la Ruta Nacional 50 en protesta, exigiendo justicia. En cuanto a la versión oficial, Bullrich defendió el operativo y en sus redes sociales publicó: “En Orán-Aguas Blancas, narcos violentos atacaron a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio. Quisieron cruzar cargamentos ilegales por pasos clandestinos y, al ser interceptados, respondieron. Pero quedó claro: no pasa ni un gramo más de droga por nuestras fronteras.” Aseguró que la operación fue exitosa y que los gendarmes lograron frenar el ataque, asegurando “22 bultos sospechosos”.
No obstante, la comunidad y los testigos insisten en que lo ocurrido no fue un enfrentamiento con narcotraficantes, sino un ataque a trabajadores que transportaban hojas de coca. Pablo Cardozo Cisneros, abogado de la familia Gómez, explicó que según los testimonios, los bagayeros fueron atacados sin previo aviso por los gendarmes, quienes dispararon “con balas de plomo por la espalda”. La situación empeoró cuando los trabajadores intentaron recuperar su carga, lo que provocó un aumento de la violencia en el operativo. Cardozo Cisneros pidió a la fiscalía que se realicen pericias a las armas de fuego usadas por los gendarmes para esclarecer las circunstancias del ataque.
Además, varios familiares de Gómez expresaron su indignación ante la versión oficial del Gobierno, señalando que no todos los trabajadores de la zona están involucrados en el narcotráfico. “Yo lo único que quiero es justicia, porque ellos dicen que mataron a un narco y quiero que se acerque a ver la supuesta ministra”, manifestó Gabriela, concuñada de Gómez. Las familias de los trabajadores reiteraron que su actividad no está vinculada al tráfico de drogas, sino a la economía informal que han practicado durante años, transportando productos como hojas de coca y cigarrillos.
En respuesta al operativo, los trabajadores afirmaron que su única intención es ganarse la vida. “Nosotros llevamos hojas de coca y cigarrillos, no drogas. Vivimos de esto. Si quieren luchar contra el narcotráfico, que lo hagan, pero que nos dejen trabajar”, insistieron. Además, denunciaron abusos por parte de los gendarmes, quienes según ellos, actúan con superioridad y abuso de poder debido a su uniforme y autoridad.
El caso sigue siendo investigado por la fiscalía local, mientras persisten los reclamos de justicia por parte de la comunidad, que pide una aclaración sobre los hechos y responsabiliza al Gobierno por la muerte de un trabajador que, según los testimonios, nada tenía que ver con el narcotráfico.