En el marco de una causa judicial que ha tomado gran relevancia por sus derivaciones en el ámbito político y económico, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, resolvió este jueves avanzar con el procesamiento de varios allegados al exsenador Edgardo Kueider. Esta decisión forma parte de una investigación más amplia en la que se analiza el presunto lavado de dinero y un supuesto enriquecimiento ilícito atribuido al exlegislador, quien actualmente se encuentra detenido en Paraguay. Según fuentes oficiales citadas por Clarín, el expediente es una ramificación del resonante caso conocido como “Securitas”.
Los principales implicados, en su mayoría contadores y antiguos colaboradores directos de Kueider, habrían participado en la creación y administración de estructuras empresariales ficticias diseñadas para encubrir el movimiento de fondos no declarados. Estos fondos tendrían su origen, en parte, en el Estado de Entre Ríos, aunque también podrían provenir de otras fuentes no identificadas. La justicia determinó que gran parte de estos imputados continuará bajo prisión preventiva mientras se sustancia la causa.
Uno de los principales señalados es el contador José Noguera, sobre quien pesa ahora un procesamiento con prisión preventiva y un embargo económico de gran magnitud, que asciende a 7.800 millones de pesos. La magistrada lo consideró responsable, en calidad de coautor, del delito de lavado de activos, agravado por haber sido realizado de manera habitual y en el marco de una asociación ilícita compuesta por funcionarios públicos. Además, enfrenta cargos por falsificación de balances —también como coautor— y por utilización de documentos privados falsificados, en este último caso como partícipe necesario. Estas imputaciones surgen de la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Domínguez.
Además de Noguera, la jueza decidió procesar con prisión preventiva a Ernesto Rubel, primo de Kueider, quien ha sido acusado de actuar como testaferro en las maniobras económicas. También fue procesado Rodolfo Daniel González, quien trabajaba como secretario del exsenador en el Congreso de la Nación. A ambos se les aplicó el mismo embargo millonario.
En cuanto a otras personas involucradas, se determinó que Adriana Crucitta, también relacionada con Kueider, enfrente el proceso desde su domicilio, bajo un régimen de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. A ella se le fijó un embargo de 3.000 millones de pesos. Una medida similar recayó sobre Rita Soledad Machuca, quien trabajó como secretaria del exlegislador, y sobre Gabriela Saint Pierre, esposa del contador José Noguera. Las tres mujeres deberán cumplir arresto en sus hogares bajo control electrónico y fueron alcanzadas por embargos de igual monto.
Ezequiel Bovetti, identificado como un actor clave dentro del entramado empresarial que rodeaba a Kueider, también fue procesado con prisión preventiva. Se estima que habría participado en el manejo de fondos irregulares mediante empresas pantalla, y se le aplicó un embargo por un total de 5.000 millones de pesos.
Por otro lado, Débora María Ferreyra también fue procesada, aunque en su caso sin la imposición de prisión preventiva. Sin embargo, deberá enfrentar un embargo por 1.000 millones de pesos.
La jueza Arroyo Salgado también avanzó en la aplicación de la normativa que habilita el procesamiento de personas jurídicas, lo que derivó en el embargo de varias firmas presuntamente utilizadas en el esquema de lavado. Entre ellas se encuentran: Lectus S.A., con un embargo de 100 millones de pesos; Felsir Biotecnología S.R.L., con uno de 120 millones; Vijusa Industrial Argentina, Nopor Service S.A., y Via SNP Logística S.A., todas con embargos de 20 millones cada una. Asimismo, se decretó la rebeldía de Betail S.A., una compañía señalada como el eje principal del dispositivo empresarial utilizado para ejecutar las maniobras financieras irregulares.
Los antecedentes que llevaron a esta situación
Uno de los elementos clave que permitió trazar el circuito del dinero fue una operación frustrada en Paraguay, donde Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider, intentó adquirir seis departamentos abonando más de 460 mil dólares en efectivo. Sin embargo, la transacción no se concretó y el monto le fue devuelto. Esta tentativa fue interpretada como un intento de sacar capitales ilegales fuera del país. Por este hecho, tanto Guinsel como Kueider fueron detenidos en territorio paraguayo y actualmente se encuentran bajo prisión domiciliaria en una residencia en Asunción. La jueza Arroyo Salgado ya solicitó la extradición de ambos en el marco de la causa Securitas.
La detención de ambos se produjo luego de que intentaran ingresar a Paraguay llevando consigo 211.000 dólares sin declarar. El vehículo en el que se movilizaban al momento del arresto pertenecía formalmente a una persona identificada como “Pajarito” González, aunque Kueider poseía la documentación habilitante —una cédula azul— que lo autorizaba a conducirlo.
En síntesis, la causa en cuestión continúa avanzando con firmeza, y las decisiones recientes de la justicia argentina indican una línea de investigación enfocada en desmantelar una presunta red de corrupción que operaba mediante la conformación de empresas falsas, movimientos financieros opacos y el desvío de fondos públicos. La magnitud de los embargos y el alcance de los procesamientos permiten anticipar un proceso judicial complejo que, probablemente, tendrá múltiples derivaciones.