Este viernes se registraron incidentes en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ubicada en Belgrano, cuando un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio para exigir ser recibidos por las autoridades. La protesta reunió principalmente a trabajadores de distintas dependencias de la agencia que reclaman mejoras salariales, junto a profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.
La movilización comenzó en la vía pública, pero luego los manifestantes derribaron vallas, forzaron la puerta de acceso y entraron al lugar entre gritos, cánticos contra el Gobierno y bombos. En ese momento, la seguridad era mínima: solo había entre cinco y seis empleados administrativos, muchos de ellos encerrados en sus despachos sin posibilidad de intervenir.
El personal de ANDIS lleva meses reclamando actualizaciones salariales, ya que sus sueldos no se modifican desde principios de año. Gran parte de ellos presta atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que se encuentran retrasados debido a la falta de recursos. Uno de los delegados sindicales presentes en la protesta expresó que la paciencia del sector se agotó: “Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses solicitando reuniones con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”, declaró a la prensa.
La manifestación ocurre en un contexto de crisis profunda en la Agencia, caracterizada por atrasos en pagos a prestadores, recortes en programas de asistencia y la falta de actualización salarial del personal. En los últimos meses, gremios y asociaciones de profesionales denunciaron la paralización de expedientes, demoras en la entrega de pensiones y dificultades para cubrir tratamientos y medicamentos.
Según se informó, la protesta en Belgrano fue convocada de manera espontánea por empleados que ya habían participado de movilizaciones anteriores, pero que esta vez encontraron la negativa de los directivos para recibirlos. Cabe recordar que hace un mes, el Gobierno había promulgado una normativa que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad, pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias correspondientes. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó la medida por la “falta de financiamiento específico” y la obligación de no realizar gastos sin respaldo presupuestario.
La decisión generó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes exigen que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley y garantice los recursos necesarios para el sector.