En el mes de mayo, un incidente administrativo sacudió a la provincia de San Luis y se convirtió rápidamente en un caso mediático de gran repercusión. Una mujer llamada Verónica Acosta, que aguardaba la acreditación habitual de la cuota alimentaria, se encontró con una situación completamente inesperada: en su cuenta personal apareció un depósito de más de 510 millones de pesos proveniente del gobierno provincial. Lo que inicialmente interpretó como una posible resolución favorable, terminó siendo un error de proporciones millonarias.
Ante la repentina disponibilidad de semejante suma, Acosta destinó parte del dinero a la compra de productos básicos como alimentos, así como electrodomésticos. Además, decidió asistir económicamente a familiares. Sin embargo, en menos de dos días, la situación dio un giro dramático: el gobierno de San Luis congeló su cuenta bancaria, allanó su domicilio, confiscó los teléfonos celulares de sus hijos y la acusó formalmente de defraudación. Junto con otras cinco personas de su entorno cercano, fue imputada penalmente, y se les fijó una caución de cinco millones de pesos a cada uno para evitar el encarcelamiento preventivo. Afortunadamente para ellos, la Justicia posteriormente desestimó ese monto como requisito.
Aunque ese episodio ya había generado estupor, menos de dos meses después ocurrió otro escándalo similar. La gestión encabezada por el gobernador Claudio Poggi —elegido por la coalición Juntos por el Cambio en 2023— volvió a depositar una cifra millonaria en la cuenta equivocada. Esta vez, el importe ascendía a 90 millones de pesos y, según fuentes no oficiales, el desvío fue atribuido a un “error de tipeo o distracción humana” por parte del responsable de ejecutar la transferencia.
La reacción del ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, fue inmediata. Mientras se encontraba en tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires, recibió la notificación del problema y ordenó iniciar la búsqueda de los fondos, además de instruir a que se informe a las entidades bancarias pertinentes con el objetivo de revertir la operación.
Este incidente no fue un hecho aislado. Además del ya mencionado caso de Acosta y este segundo error, medios locales aseguran que también hubo una tercera transferencia errónea, por 110 millones de pesos, dirigida a otra persona cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.
En total, en el transcurso de tan solo seis meses, el gobierno provincial habría depositado por error más de 710 millones de pesos en cuentas ajenas. Una suma exorbitante, equivalente al presupuesto de múltiples programas sociales o educativos, terminó circulando por canales no previstos por la administración pública.
A pesar de que las autoridades aseguran haber tomado medidas para recuperar la totalidad del dinero transferido por equivocación, el tema ha provocado fuertes cuestionamientos sobre los controles internos del Poder Ejecutivo puntano. Mientras tanto, los ciudadanos observan con incredulidad cómo estos errores sistemáticos convierten a ciudadanos comunes en “beneficiarios fantasmas” de sumas impensadas, como si hubieran ganado una especie de lotería digital, aunque sin haber comprado boleto alguno.
Todo esto ocurre en un contexto donde las plataformas electrónicas y los sistemas de pago digitales han amplificado la velocidad, pero también los riesgos, de las operaciones financieras. Y aunque hasta ahora la provincia ha logrado revertir los daños, queda la pregunta latente: ¿cuánto falta para que otro desliz en los circuitos estatales termine con una nueva fuga de millones?