Santiago Maratea volvió a quedar bajo el foco público, esta vez no por sus campañas solidarias, sino por un conflicto judicial que avanza en su contra. El Juzgado Correccional N°2 de La Plata, encabezado por el magistrado Diego Tatarsky, emitió una orden de búsqueda para dar con su paradero, luego de que el influencer no se presentara a una citación judicial fijada para el 26 de septiembre.
La causa que lo involucra fue iniciada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, institución que lo denunció por ejercicio ilegal de la profesión al brindar recomendaciones alimentarias en redes sociales sin contar con la matrícula habilitante correspondiente. A su vez, el expediente incluye acusaciones por daños e injurias, relacionadas con publicaciones en las que Maratea promocionaba productos vinculados con la nutrición, algo que generó malestar entre los profesionales del área, quienes señalan el impacto y la influencia que sus mensajes tienen sobre millones de seguidores.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el influencer había sido debidamente notificado para declarar, pero nunca se presentó ante el tribunal. Al intentar localizarlo, los investigadores descubrieron que su domicilio fiscal no coincidía con el registrado en el Renaper, lo cual dificultó las diligencias judiciales. Frente a esas irregularidades, el juez Tatarsky ordenó activar un protocolo de búsqueda, con el objetivo de garantizar su comparecencia y avanzar en el proceso.
Estas inconsistencias en su información personal avivaron las especulaciones sobre el verdadero paradero de Maratea, quien, pese a su constante exposición mediática, mantiene registros oficiales poco claros o desactualizados.
El episodio reabre el debate sobre los límites de la influencia digital y la responsabilidad legal de los creadores de contenido, especialmente cuando sus publicaciones tocan áreas reguladas, como la salud o la alimentación. En este sentido, la causa podría transformarse en un precedente judicial relevante respecto al alcance de las normas que rigen el ejercicio profesional en entornos virtuales.
Por su parte, desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense remarcaron que la difusión de consejos alimentarios por personas no habilitadas representa un riesgo para la salud pública, ya que puede inducir a prácticas inadecuadas o incluso perjudiciales. Además, advirtieron que figuras con tanta llegada social deberían estar sujetas a una regulación más rigurosa, que permita equilibrar la libertad de expresión con la protección del bienestar de la población.
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