El Gobierno está implementando un plan para reducir la cantidad de altos funcionarios en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyas remuneraciones mensuales varían entre $14 millones y $32 millones. Este recorte se enfoca en las posiciones más elevadas dentro de la AFIP, que abarca las direcciones generales de Aduanas, Impositiva y Recursos de la Seguridad Social.
La Casa Rosada tiene en la mira a los subdirectores generales de la AFIP, quienes perciben sueldos que superan los $14.700.000, según los últimos informes oficiales de agosto. Este monto incluye un salario base de $1.567.064 y un adicional conocido como Cuenta de Jerarquización, que puede alcanzar hasta $13.180.797. Este último es un porcentaje de la recaudación que se distribuye entre el personal de la AFIP y complementa su salario. Establecido en un 0,75% en 2001, el actual titular del organismo, Florencia Misrahi, lo disminuyó en junio al 0,65% mediante una resolución.
La AFIP emplea a un total de 21.313 personas y está organizada en nueve subdirecciones generales: Auditoría Interna, Servicios al Contribuyente, Asuntos Jurídicos, Administración Financiera, Planificación y Coordinación Institucional, Fiscalización, Recaudación, Recursos Humanos y Sistemas y Telecomunicaciones.
En cuanto a los altos directivos, Florencia Misrahi recibe un salario que supera los $32.180.328. Por su parte, los directores de Aduanas, Impositiva y Recursos de la Seguridad Social—Eduardo Raúl Mallea, Gabriel Eduardo Ramírez y Santiago Mozetic—tienen ingresos superiores a los $17.201.402. Este total se compone de un salario base de $1.323.635 y la cuenta de jerarquización de $15.877.767.
La Dirección General Impositiva cuenta con 15.097 empleados permanentes, mientras que Aduanas tiene 6.194. Dentro de esta estructura, los sueldos varían entre $3.314.073 y $7.391.328, dependiendo de las divisiones salariales internas.
Esta iniciativa de recorte de altos cargos en la AFIP es parte de una reforma más amplia del Estado, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Desde el Gobierno, se sostiene que buscan disminuir la cantidad de autoridades superiores y modificar la estructura salarial existente.
Además, la Casa Rosada está revisando las disposiciones legales necesarias para implementar esta medida y busca aliviar la presión fiscal. Un funcionario de alto rango expresó a TN: “Nuestro objetivo es hacer lo contrario a lo que se ha dicho sobre el blanqueo. Queremos que la gente se adhiera a los beneficios, pero no perseguiremos a nadie”.
Simultáneamente, el Gobierno está avanzando en la privatización y el cierre de diversas empresas públicas que forman parte del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. Según informes, se planea el cierre de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP).
El responsable de llevar a cabo esta transformación es Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas (ATEP). Además, está trabajando en la disolución de la antigua Ciccone Calcográfica y en la reestructuración de la Casa de Moneda.
El Ejecutivo también ha anunciado el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que conlleva el despido de 1.388 empleados y un ahorro proyectado de $42.000 millones anuales. Asimismo, se oficializó la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
El presidente Milei cuenta con facultades extraordinarias, que le permiten eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente, tras la sanción de la Ley Bases. Además, tiene la capacidad de transferir organismos a las provincias que así lo requieran.