La reconocida actriz Andrea del Boca atraviesa un complicado frente judicial, ya que la fiscalía pidió que sea condenada a tres años y medio de prisión por su presunta participación en un fraude millonario relacionado con la financiación estatal de la telenovela Mamá Corazón. Este proyecto televisivo, pese a haber recibido importantes recursos públicos, jamás fue concluido ni llegó a emitirse.
El requerimiento fue presentado en el marco del juicio oral por la fiscal federal Fabiana León, quien consideró a la intérprete como “partícipe necesaria” de una operación de defraudación contra el Estado. En su alegato, la fiscal también apuntó contra otras figuras políticas y académicas, entre ellas el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para quien solicitó una condena de cuatro años y medio de prisión, sumada a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La acusación alcanzó igualmente al exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, señalado con el mismo grado de responsabilidad que Del Boca y con un pedido de cuatro años de prisión.
La lista de imputados en esta causa es más amplia: incluye al exsecretario de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger, y a los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. La fiscal solicitó para todos ellos diferentes penas y, además, el reintegro conjunto al Estado de unos 3,1 millones de dólares.
Un mecanismo bajo sospecha
La investigación gira en torno a un esquema de financiamiento presuntamente irregular, montado a través de convenios entre el Ministerio de Planificación y la UNSAM, que habrían beneficiado a la productora A+A Group, propiedad de Del Boca. Según la fiscalía, el acuerdo se firmó sin concurso de precios ni procedimientos de control, lo que permitió que la actriz obtuviera no solo millonarias transferencias estatales, sino también la exclusividad para comercializar la telenovela en el exterior durante cinco años, prorrogables por un período similar, aun cuando la totalidad del proyecto fue solventada con fondos públicos.
La fiscal León subrayó que el contrato fue confeccionado con cláusulas calificadas de “arbitrarias y leoninas”, que otorgaban amplios beneficios a la productora. En total, estaba previsto que el proyecto absorbiera 36,5 millones de pesos, con una ganancia adicional para la empresa y los derechos internacionales asegurados.
La causa tomó estado público en 2016, luego de que una investigación periodística revelara que la productora de Del Boca había recibido más de 24 millones de pesos gracias a esos convenios. Dos años más tarde, el juez federal Sebastián Ramos procesó a De Vido como “autor” de la defraudación, mientras que Del Boca y Ruta quedaron imputados como “partícipes necesarios”. También se dictaron fuertes embargos patrimoniales: 60 millones de pesos para De Vido, 50 millones para la actriz y otros 60 millones para el exrector.
En su resolución, Ramos sostuvo que el proceso de contratación estuvo “planificado y direccionado desde el inicio” con el fin de beneficiar a la productora de Del Boca, respondiendo a una decisión “predominantemente política” más que administrativa.
Una novela que nunca se vio
Pese a las grandes sumas destinadas, Mamá Corazón nunca fue transmitida. La productora habría cobrado aproximadamente el 76% del contrato, mientras que otros proyectos audiovisuales similares apenas recibieron un porcentaje cercano al 7%. Tras el cambio de gobierno en 2015, la gestión de Mauricio Macri suspendió los convenios y puso fin a la financiación.
La Cámara Federal confirmó posteriormente los procesamientos y embargos dictados por Ramos. En esa instancia, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia aclararon que el problema central no fue el convenio con la UNSAM en sí, sino la “desnaturalización de su finalidad”, que en los hechos sirvió para sortear los mecanismos de control y favorecer un desvío de recursos públicos.
Desde que se inició el expediente, la defensa de Andrea del Boca rechazó de plano las acusaciones y negó la existencia de fraude, argumentando que no hubo sobrefacturación ni perjuicio económico para el Estado. Ahora, tras la presentación de los alegatos, el Tribunal Oral Federal N° 7 será el encargado de definir la sentencia que marcará el desenlace de esta causa judicial que mezcla política, gestión pública y el mundo del espectáculo.