El Gobierno Nacional confirmó que se eliminará el día no laborable correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que tradicionalmente se celebra el 27 de junio. La decisión fue comunicada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa ofrecida desde Casa Rosada. Según indicó, la medida será oficializada mediante un decreto presidencial que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.
Durante su exposición ante los medios, Adorni justificó esta determinación afirmando que se busca dejar atrás una cultura que, en su visión, promovía el exceso de privilegios en el ámbito estatal. “Argentina ha vivido durante años venerando al estatismo, algo que este gobierno considera parte del pasado”, afirmó el portavoz, quien sostuvo que esta resolución está en sintonía con la idea de un Estado más austero y eficiente que impulse la libertad en lugar de obstaculizarla.
En ese sentido, recalcó que “el Estado no debe ser un espacio donde se otorguen beneficios o días de descanso que no están disponibles para los trabajadores del sector privado”. Y añadió: “Ese feriado se paga con los impuestos de cada uno de los contribuyentes argentinos, por lo tanto, suprimirlo es una medida de equidad”.
Adorni también remarcó que el empleo público debe concebirse como una tarea de servicio a la sociedad, orientada a responder a las necesidades cotidianas de millones de ciudadanos. “El rol del Estado no es entorpecer la vida de quienes producen, sino facilitarles las condiciones para crecer en libertad”, expresó, destacando la línea ideológica que impulsa el actual oficialismo.
El anuncio coincidió con una jornada de protestas convocada frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, donde distintos sectores se manifestaron contra las políticas de recorte y reducción del aparato estatal impulsadas por la gestión de Javier Milei.
Con esta decisión, el Gobierno profundiza su estrategia de limitar beneficios que considera injustificados dentro del empleo público, en el marco de una política de ajuste fiscal que ya ha generado múltiples tensiones con gremios estatales y organizaciones sociales. La medida, según se explicó, forma parte de un replanteo estructural que busca redefinir el rol del Estado dentro de la economía nacional, poniendo el foco en la austeridad y la eficiencia administrativa.