La Asamblea Legislativa, organizada por Karina Milei con el respaldo de los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), estuvo marcada por un trato hostil hacia la prensa acreditada. Desde días antes del evento, los periodistas fueron informados de que serían reubicados en palcos diferentes a los que tradicionalmente ocupaban para cubrir la apertura de las sesiones ordinarias. Esta decisión, que dificultó significativamente su trabajo, fue solo el comienzo de una serie de acciones calculadas para obstaculizar la cobertura mediática.
El punto culminante de este maltrato ocurrió al final de la noche, cuando el personal de seguridad de la Cámara de Diputados intentó encerrar a los periodistas en los palcos hasta que todos los asistentes abandonaran el recinto. La situación escaló rápidamente, con empujones e incluso un intento de agresión física contra Mariano Casal, periodista de Infobae, quien fue víctima de un cabezazo y se vio obligado a defenderse. Este incidente reflejó el clima de tensión y desprecio hacia los medios que caracterizó el evento.
La estrategia de hostigamiento hacia la prensa fue orquestada con anticipación, y en ella tuvo un papel destacado Santiago Cosimano, vocero de Martín Menem. Cosimano envió mensajes cínicos a los periodistas acreditados, justificando la decisión de Menem y Villarruel de seguir las órdenes del Poder Ejecutivo para complicar la cobertura. Además, recordó a los periodistas un artículo del reglamento de la Cámara baja que prohíbe “toda demostración o señal bulliciosa de aprobación o desaprobación”. Sin embargo, esta norma no se aplicó de manera uniforme: mientras los periodistas fueron vigilados de cerca, los militantes y los ocupantes del palco donde se encontraba Santiago Caputo, asesor presidencial, interrumpieron el discurso de Milei con aplausos y gritos sin recibir ninguna sanción.
Tampoco se respetaron las reglas con los influencers oficialistas. Mientras se impedía a los reporteros gráficos acceder al piso del recinto para realizar su trabajo, se permitió que figuras como Iñaki Gutiérrez, encargado de la cuenta de TikTok de Javier Milei, y Fran Fijap circularan libremente entre los legisladores, tomando imágenes con sus celulares. Esta disparidad de trato evidenció una clara preferencia por los contenidos afines al Gobierno, en detrimento de la prensa tradicional.
Los periodistas acreditados fueron relegados a dos palcos en el primer piso de las galerías, ubicados en un costado del recinto. Desde allí, la visión del hemiciclo era limitada, a diferencia de los palcos que históricamente ocupaba la prensa, situados en el primer piso detrás del estrado de la presidencia de la Cámara baja. Más de una veintena de profesionales de la prensa se vieron obligados a amontonarse en torno a una docena de sillas, soportando un calor agobiante y bajo la constante vigilancia del personal de seguridad, que parecía tener instrucciones de monitorear cada movimiento.
Para empeorar las condiciones, el audio de la sesión fue de muy mala calidad. Los periodistas apenas podían escuchar el discurso presidencial, que duró poco más de 70 minutos, ya que las galerías asignadas no contaban con parlantes. En cambio, los palcos destinados a la prensa, que sí tenían sistemas de sonido, fueron ocupados por miembros del cuerpo diplomático. Esta situación dejó en evidencia una clara intención de marginar a los medios y dificultar su labor informativa.
En resumen, la Asamblea Legislativa no solo estuvo marcada por el contenido del discurso presidencial, sino también por un trato discriminatorio y hostil hacia la prensa. Desde la reubicación forzada hasta las agresiones físicas y la falta de condiciones básicas para trabajar, el evento reflejó una estrategia deliberada para limitar la cobertura mediática y controlar la narrativa en torno al Gobierno.