En un fallo reciente, el juez porteño Roberto Andrés Gallardo instruyó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, a que se haga cargo por completo del dispositivo de seguridad para la manifestación de jubilados convocada para este miércoles 9 de abril. A su vez, el magistrado dictaminó que el Ministerio de Seguridad nacional, liderado por Patricia Bullrich, no debe intervenir en la protesta, salvo que se trate de funciones específicamente relacionadas con la protección de bienes o instituciones de índole federal.
La resolución judicial se produjo como respuesta a una solicitud de medida cautelar presentada por diversas organizaciones sindicales. Entre quienes promovieron esta acción judicial se encuentran Jorge Piumato y Maia Volcovinsky, referentes del Sindicato de Judiciales e integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), así como Alejandro «Peluca» Gramajo, representante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El escrito, presentado ante el juzgado de Gallardo, exige que el gobierno porteño tome el control total del operativo de seguridad durante la movilización y que se especifiquen claramente, con anticipación, cuáles son los “objetivos federales” cuya vigilancia corresponderá a las fuerzas federales. Según plantean los sindicatos, esa delimitación busca restringir la actuación de estas fuerzas únicamente a dichos espacios, sin que interfieran en otras zonas de la ciudad.
Los impulsores de la medida recordaron que en la protesta del 12 de marzo pasado —también llevada a cabo en las inmediaciones del Congreso Nacional— se produjeron episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad nacionales, pese a no contar con autorización judicial ni haber respetado los límites geográficos que definen los espacios bajo custodia federal. Durante esa jornada, resultaron detenidas 114 personas y fue herido el reportero gráfico Pablo Grillo, lo que motivó serias denuncias por uso excesivo de la fuerza.
En consecuencia, Gallardo resolvió que el operativo del miércoles debe ser desarrollado íntegramente por las autoridades porteñas, quienes deberán garantizar tanto el mantenimiento del orden público como la protección del derecho constitucional a la protesta. La orden judicial establece que la Ciudad de Buenos Aires debe diseñar, organizar y ejecutar el dispositivo de seguridad sin interferencias de la Nación.
Asimismo, se instruyó al Ministerio de Seguridad nacional a que no interfiera en la competencia de la ciudad respecto al control de la seguridad pública local, salvo en los casos donde esté en juego la defensa de intereses federales claramente definidos. Esta directiva también fue comunicada a las distintas fuerzas federales —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria— para su estricto cumplimiento.
En sus fundamentos, el juez Gallardo advirtió sobre lo que describió como una “actitud excesiva y avasalladora” por parte de las fuerzas federales en protestas anteriores, donde se habrían desplegado más allá de los perímetros que rodean los edificios del Congreso, extendiéndose a otras zonas de la ciudad sin justificación legal. También subrayó que la Ciudad de Buenos Aires no ha adherido formalmente al protocolo antipiquetes establecido por la resolución ministerial 943/2023. Dado que dicha adhesión no puede ser asumida de forma implícita, el juez consideró que cualquier aplicación del protocolo requiere de una aprobación expresa por parte de las autoridades locales.
Quién es el juez Gallardo
Roberto Andrés Gallardo es un magistrado con una larga trayectoria en el ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA en 1989, fue designado juez a fines del año 2000, cuando tenía apenas 36 años, y desde entonces ha protagonizado varios fallos controversiales. En 2005 enfrentó un juicio político debido a sus decisiones de clausurar el predio de La Rural y de ordenar el cierre del Casino Flotante, aunque el proceso no prosperó y pudo continuar al frente de su juzgado.
Identificado con una visión social de la justicia, Gallardo ha manifestado públicamente su admiración por el Papa Francisco, a quien conoció en 2004 en el contexto de una intervención judicial relacionada con los cartoneros. Incluso escribió un libro titulado Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial, el cual fue reconocido con una carta de agradecimiento por parte del propio pontífice. Además, fue uno de los impulsores de la primera acta de justicia franciscana redactada en 2019, basada en los principios expresados por el Papa en su encíclica Laudato Sí, orientada a fortalecer una perspectiva social y ambiental dentro del poder judicial.