Este viernes, las críticas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal Argentino generaron un fuerte rechazo por parte de sectores de la oposición. Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, advirtió que no permitirán tal medida y prometió que se levantarán en contra de este retroceso, tanto en las calles como en el Congreso y la Justicia. Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, también se sumó a las críticas, cuestionando la actitud del gobierno y preguntándose cuántas libertades más recortarán.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Cúneo Libarona había justificado la propuesta de eliminar la figura del femicidio, basándose en el principio de «igualdad ante la ley» y en lo que calificó como «discriminación positiva». En sus declaraciones, afirmó que ningún ser humano debería ser considerado más importante que otro, y que la figura del femicidio distorsionaba ese principio de igualdad al conceder un trato diferenciado a las mujeres, lo que, según él, fomentaba el feminismo y los privilegios para una parte de la población. Esta postura se vio respaldada por un reciente discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se criticó fuertemente a los movimientos feministas y a otras luchas sociales que, según el mandatario, distorsionan la igualdad y justifican la intervención estatal.
En respuesta, Lousteau defendió la figura del femicidio, argumentando que la violencia de género es una realidad concreta que requiere una respuesta específica desde el ámbito legal. Afirmó que en 2024, 267 mujeres fueron asesinadas en el país en femicidios, lo que representa un caso cada 30 horas. Además, destacó que muchas de estas muertes ocurrieron en el contexto de violencia doméstica. Para Lousteau, reconocer esta violencia con una figura legal no es un privilegio, sino una forma de visibilizarla y abordarla adecuadamente.
El debate no se limitó a estos dos dirigentes, sino que también se sumaron otros líderes políticos de diferentes sectores. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, criticó fuertemente el discurso del presidente Milei, calificándolo de discriminatorio y señalando que constituye una forma de apartheid. Por su parte, Margarita Stolbizer, Anabel Fernández Sagasti, Karina Banfi, y Julia Strada también se manifestaron en contra de las declaraciones del presidente y de la propuesta gubernamental. Consideraron que la postura del gobierno está basada en un discurso antiguo, que no respeta los derechos de las minorías y resulta anticonstitucional.
El paquete de reformas que el gobierno tiene previsto presentar al Congreso incluirá medidas que buscan eliminar lo que se considera “discriminación positiva”, como la ley que obliga a la capacitación en género y violencia de género para los trabajadores del Estado y los cupos para mujeres en las candidaturas. Estas reformas también podrían incluir la eliminación de los cupos en la contratación pública para personas trans y con discapacidad.
El debate se da en el marco de una confrontación más amplia sobre la visión del gobierno respecto a las políticas de inclusión y los derechos de las minorías. Mientras que el oficialismo aboga por eliminar lo que considera privilegios, la oposición defiende la necesidad de estas medidas para garantizar la igualdad real y visibilizar las desigualdades sociales persistentes.