Vencen 50.000 contratos en el Estado y un sindicato de empleados públicos evalúa convocar otro paro

El 31 de diciembre de 2024 vencerán 50.000 contratos en diversas áreas de la administración pública nacional, lo que ha desatado un fuerte reclamo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Ante la posibilidad de nuevos despidos, el sindicato liderado por Rodolfo Aguiar se ha pronunciado en contra, asegurando que «no puede haber ni un solo despido». Desde ATE, exigen que los contratos sean renovados de forma automática, sin excepciones, y reclaman una urgente recomposición salarial para los empleados públicos.

El conflicto comenzó cuando, en la semana previa a la Navidad, el Gobierno anunció la desvinculación de 2.400 empleados «irregulares» del Ministerio de Justicia y el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), lo que resultó en la eliminación de 1.388 puestos de trabajo. Ante este panorama, Aguiar expresó su preocupación y reiteró su demanda de mantener la estabilidad laboral de los trabajadores estatales. El dirigente enfatizó que el proceso de renovación de los contratos debe ser automático, y que no se puede permitir que ningún trabajador sea despedido el último día del año.

Como parte de su plan de ajuste en la administración pública, el Gobierno ha implementado evaluaciones de idoneidad para los empleados, que son obligatorias y consisten en exámenes de competencias básicas. Aproximadamente 9.000 trabajadores de planta transitoria y contratados ya completaron la prueba, y cerca de 50.000 empleados más deberán rendirla para poder renovar sus contratos. Sin embargo, aunque el Gobierno considera que aprobar el examen es necesario, sostiene que esto no garantiza automáticamente la renovación, ya que se evaluará cada caso según «parámetros usuales». Existen tres tipos de pruebas: para «servicios generales», «administrativos» y «profesionales», todas con un formato múltiple-choice, anónimas y realizadas de manera presencial.

Este proceso forma parte de una iniciativa más amplia conocida como «deep motosierra», impulsada por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyo objetivo es reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y mejorar el desempeño de los trabajadores. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por justificar el ajuste, ATE mantiene su postura firme en la defensa de los puestos laborales y advierte que las medidas de fuerza continuarán si no se respetan los derechos de los empleados.

Por su parte, el presidente Javier Milei ha reiterado en diversas ocasiones que su gobierno está decidido a reducir la cantidad de empleados públicos y que los contratos siguen siendo revisados. Asegura que cada área debe justificar la necesidad de mantener su estructura laboral.

En cuanto al empleo público en 2024, el ajuste ha tenido un impacto significativo. Según datos del INDEC, la cantidad de personal en la administración pública nacional pasó de 341.473 empleados en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre de 2024, lo que representa una reducción del 10,48%, es decir, 35.785 puestos de trabajo eliminados. Los recortes se han registrado en todos los sectores de la administración, y también en las empresas y sociedades bajo control estatal, que han reducido su personal en 12.328 puestos, pasando de 110.168 empleados a 97.840 en el mismo periodo.

La Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, dependiente del Ministerio de Desregulación, destacó que la reducción del personal estatal ha generado un ahorro significativo de 3.820 millones de dólares en los primeros 11 meses de la gestión de Milei. Sin embargo, ATE continúa luchando para evitar más despidos y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores públicos, ya que consideran que este ajuste no solo afecta a los empleados, sino a la institucionalidad del país en su conjunto.