En el contexto de una profunda crisis que golpea a la agroindustria, la firma exportadora de granos Vicentin tomó una drástica decisión: anunció el cierre temporal de sus instalaciones ubicadas en las localidades santafesinas de Avellaneda y Ricardone, declarando un lockout patronal. Esta medida se da en el marco de una situación financiera crítica que arrastra desde hace más de cuatro años, durante los cuales ha estado bajo un proceso de concurso preventivo de acreedores.
Según detallaron desde el directorio de la empresa a través de un comunicado oficial emitido este sábado, la paralización de actividades obedece fundamentalmente a la imposibilidad de asegurar contratos de procesamiento de granos, conocidos como contratos de fazón, dentro de los plazos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos por la compañía. Esta ausencia de contratos afecta directamente la operatividad y pone en riesgo la continuidad laboral de más de mil empleados, generando un clima de gran incertidumbre.
Desde la conducción de la cerealera remarcaron que la intención de esta medida no es el abandono del negocio, sino la preservación de los activos de la empresa como un paso estratégico para garantizar un eventual relanzamiento en condiciones más favorables. En este sentido, manifestaron su esperanza de que, una vez resueltas las trabas que impone actualmente el proceso judicial que atraviesan, puedan retomar sus funciones con mayor estabilidad. Además, señalaron que continúan manteniendo contacto con todas las partes involucradas en la causa judicial y financiera, incluyendo acreedores y autoridades judiciales.
En ese mismo comunicado, los directivos recordaron que hace ya más de tres años habían propuesto una salida viable al conflicto económico de la empresa. Aquella propuesta contaba, según afirmaron, con un amplio respaldo de los acreedores, lo que la convertía en una solución concreta y posible. Sin embargo, lamentaron que, pese a ese apoyo mayoritario, la propuesta no se haya logrado implementar, lo que derivó en la situación crítica actual que afecta no solo a la compañía, sino también al entramado económico y social de las regiones donde opera.
Actualmente, Vicentin se encuentra atravesando un complejo proceso judicial relacionado con la validación del concurso preventivo. La causa se vio agravada tras una reciente resolución adversa de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que complicó aún más el panorama legal de la empresa. A esto se suma una abultada deuda que supera los 400 millones de dólares, situación que tensiona aún más las posibilidades de revertir la situación a corto plazo.
Así, la cerealera enfrenta un escenario marcado por el freno productivo, la parálisis judicial y la amenaza latente sobre los puestos de trabajo de cientos de personas, en un contexto de incertidumbre generalizada sobre su futuro y el de los trabajadores que dependen de su continuidad.