En la última sesión legislativa, además de aprobarse el Presupuesto provincial para 2026 y extenderse por un año más diversas emergencias solicitadas por el Poder Ejecutivo, los parlamentarios dieron luz verde a una reforma clave: la modificación del artículo 16 de la Ley Impositiva N.º 8.467 y de todas sus actualizaciones posteriores. Esta reforma apunta a modernizar el sistema mediante el cual se calcula y liquida el Impuesto a los Automotores y Rodados en Tucumán.
El impulso para revisar esta normativa surgió a partir de un inconveniente que comenzó a evidenciarse a mediados de año: la Dirección General de Rentas (DGR) dejó de recibir, como ocurría rutinariamente, la información proveniente de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), organismo encargado de publicar los valores oficiales de referencia para los vehículos en todo el país.
Desde la Casa de Gobierno explicaron que la DNRPA no actualiza esos valores desde 2024, lo que generó complicaciones en la administración del impuesto no solo en Tucumán, sino en todas las jurisdicciones del país que dependen de esas tasaciones para determinar la base imponible. También señalaron que esta falta de actualización afectó a las compañías de seguros. Aun así, adelantaron que la modificación no se traducirá en un incremento trascendente del tributo para los contribuyentes tucumanos.
Ante esta situación, la Legislatura resolvió incorporar un mecanismo más amplio y dinámico para que Rentas pueda acceder a diversas fuentes de información que le permitan establecer el valor fiscal de los vehículos con mayor precisión. La reformulación del artículo 16 habilita a la DGR a consultar no solo los registros de la DNRPA (si vuelven a estar disponibles), sino también las listas de precios emitidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), cámaras empresarias del sector automotor, concesionarios oficiales, aseguradoras e incluso publicaciones técnicas especializadas.
Una medida defendida como herramienta de “equidad tributaria”
Durante el debate legislativo, el peronista Carlos Gallia sostuvo que esta actualización normativa fortalece la seguridad jurídica y garantiza mayor equidad, al permitir que los contribuyentes paguen en función de valores concretos y verificados, en lugar de montos estimativos.
Por su parte, la legisladora radical Silvia Elías de Pérez puntualizó que lo que se estaba determinando no era una suba de impuestos sino el criterio objetivo que Rentas utilizará para definir la base imponible. Además, resaltó que la ley establece un orden de prioridad entre las distintas fuentes consultables para evitar arbitrariedades o inconstitucionalidades.
Posturas en contra y un antecedente histórico
No todos los legisladores acompañaron la iniciativa. El bloque de Fuerza Republicana, integrado por Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, votó negativamente y advirtió que este cambio podría traducirse en un “impuestazo” para los ciudadanos. Bussi afirmó que muchos contribuyentes no podrán afrontar el tributo y relacionó su postura con el mal estado de la red vial provincial.
El legislador José Macome también expresó reparos: aunque reconoció el problema que enfrenta la administración tributaria, consideró que la propuesta enviada por el Ejecutivo no representaba la solución adecuada y por ello votó en contra.