La reciente caída de una avioneta en la zona de Rosario de la Frontera volvió a exponer un problema que especialistas y autoridades vienen señalando desde hace años: la extrema fragilidad del control aéreo argentino, sobre todo en las regiones del NOA y del NEA. Aunque esta tarea corresponde exclusivamente al Estado nacional —ya que las provincias no tienen competencia directa para intervenir en el espacio aéreo— sí existe margen para que los gobiernos locales colaboren mediante infraestructura, personal de apoyo y medidas de seguridad complementarias.
En ese contexto se inscribe la iniciativa impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien analiza instalar un sistema provincial de vigilancia capaz de detectar vuelos clandestinos asociados al tráfico de drogas. De concretarse, Tucumán sería la primera jurisdicción del país en destinar fondos propios para fortalecer el monitoreo aéreo y contribuir a la interdicción de aeronaves ilegales.
Los expedientes judiciales que investigan el narcotráfico aéreo dan cuenta de un patrón repetido: las avionetas despegan mayormente desde Bolivia cargadas con hasta media tonelada de cocaína o marihuana, y su destino final suele encontrarse en zonas rurales del sur salteño, Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos. En algunos casos aterrizan para descargar la droga; en otros, utilizan la modalidad conocida como “bombardeo”, que consiste en arrojar la carga en pleno vuelo para que sea recogida por grupos terrestres.
En los últimos años, Santiago del Estero se ha convertido en un punto crítico dentro de este circuito. Una reciente columna publicada en un diario nacional por el periodista Miguel Wiñaszki retomó un análisis de Douglas Farah —referente internacional en crimen organizado— quien describe a la provincia vecina como un centro logístico clave en la circulación de cocaína hacia ambos océanos. El informe subraya la presencia de cientos de pistas clandestinas y de numerosas avionetas que operan con libertad, aprovechando la extensión de las zonas desérticas y la falta de controles efectivos.
La gravedad de este panorama llevó al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a reclamar públicamente la reactivación de la llamada Ley de Derribo, una normativa aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri que permitía neutralizar vuelos clandestinos y que luego fue derogada durante la presidencia de Alberto Fernández. A esta postura se sumó Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, quien declaró con dureza: “Nos llenan de cocaína y violan nuestra soberanía”. Entre Ríos, justamente, figura entre las provincias más afectadas por los vuelos narcos en 2025.
Ante la tensión creciente, el fiscal federal tucumano Rafael Vehils Ruiz buscó bajar el tono del debate. Sostuvo que antes de considerar la posibilidad de derribar aeronaves, el país debe consolidar sus sistemas de vigilancia y detección. Además, instó públicamente al gobernador Jaldo a coordinar acciones junto a otros mandatarios provinciales para llevar un planteo unificado al Gobierno nacional. En paralelo, insistió en la necesidad de adquirir escáneres para reforzar los controles en las rutas.
Desde el ámbito legislativo, el oficialismo también movió fichas: Gerónimo Vargas Aignasse, junto con Maia Martínez y Carlos Najar, presentó un proyecto ante el Comité de Seguridad cuyo objetivo es crear una ley de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre para combatir delitos transnacionales vinculados al narcotráfico.
Aunque los impulsores del texto valoraron los resultados del Operativo Lapacho, remarcaron que la provincia aún enfrenta serias limitaciones. Explicaron que la efectividad de cualquier operativo depende de una radarización completa del país, algo que todavía no se logró en Tucumán. Persisten amplias zonas de sombra donde los radares no alcanzan a detectar el Tránsito Aéreo Irregular (TAI), lo que dificulta la respuesta temprana.
La experiencia del Operativo Lapacho también dejó en evidencia una falencia mayor: sin una integración plena con los sistemas de vigilancia nacionales, la provincia no puede actuar con la rapidez y coordinación necesarias. Detectar aeronaves sospechosas exige instalar radares primarios y secundarios conectados al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica) y asegurar la aplicación efectiva de las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA), cuyo cumplimiento depende exclusivamente de la Nación.
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