👮‍♂️🔨 Policías que usaron reclusos como obreros ahora declaran y complican a su ex jefe

La investigación judicial que indaga el presunto uso de condenados para realizar trabajos de construcción en beneficio de un comisario en El Cadillal registró un giro importante en las últimas horas. Los dos policías imputados inicialmente por su participación en estas maniobras declararon ante la Justicia y ofrecieron información considerada clave por la Fiscalía. Si bien su rol en el expediente ha pasado a ser central como testigos, sus acusaciones no se modificaron y continúan formalmente procesados, aunque ahora cumplen la medida bajo arresto domiciliario por razones de seguridad.

El caso, que está a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, se inició hace casi un mes tras una denuncia presentada al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. La denuncia apuntaba al entonces jefe de la Unidad Regional Norte, Alfredo Beltrán, acusándolo de emplear tanto a efectivos policiales como a condenados por delitos sexuales para realizar trabajos de albañilería en dos terrenos ubicados en El Cadillal, que luego se confirmó eran propiedad fiscal. Las autoridades constataron personalmente la situación, encontrando en los terrenos tanto a policías como a penados que no debían estar fuera del sistema carcelario.

Según lo investigado hasta el momento, esta maniobra habría estado en funcionamiento durante al menos cuatro meses. Los condenados dormían de lunes a viernes en la base de Infantería de la URN y los fines de semana eran trasladados a distintas comisarías, incumpliendo así las normas de alojamiento y custodia.

A raíz de estos hechos, y por solicitud del Ministerio Público Fiscal, el juez Eduardo González dictó prisión preventiva por seis meses contra Beltrán y los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira. Posteriormente, esta medida fue reducida a cuatro meses tras una audiencia de impugnación. Beltrán enfrenta cargos por peculado de uso y de servicio en concurso real, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. En el caso de Trejo y Teseira, la acusación se centra en peculado en carácter secundario, en concurso real con falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y de la fe pública. La defensa inicial, a cargo de Augusto Avellaneda, había presentado impugnaciones a estas resoluciones.

Sin embargo, durante la audiencia de revisión realizada el lunes pasado, la situación tomó un nuevo rumbo. Los sargentos designaron como defensora a Julieta Jorrat, quien decidió desistir del recurso presentado y anunció que sus asistidos declararían ante la Justicia. A partir de ese momento, ambos comenzaron a aportar detalles que no solo comprometieron a Beltrán, sino que también ampliaron la investigación hacia otros miembros de la estructura policial.

Aunque sus testimonios permanecen bajo reserva, fuentes judiciales indicaron que los policías afirmaron haber realizado las tareas en la vivienda de Beltrán sin recibir ningún tipo de pago adicional y bajo amenazas de sanciones o traslados si se negaban. “Tenían prohibido hablar del tema”, señalaron, además de apuntar a la suboficial Claudia Paz, secretaria de Beltrán, como responsable de coordinar las labores y dar las órdenes correspondientes.

Los testigos también ofrecieron precisiones sobre la gestión de los condenados utilizados en las obras. Según sus declaraciones, los penados eran retirados de la base de Infantería sin esposas ni custodia, un hecho que podría agravar la situación procesal de oficiales como Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón. También se mencionó que la comisaria Fabiana Villagrán, del área de Recursos Humanos de la URN, y el entonces segundo jefe Sergio Juárez —también dado de baja— estaban al tanto de las tareas realizadas.

Otras revelaciones incluyeron el uso de vehículos policiales para transportar a la hija de Beltrán a clases y la utilización de recursos oficiales en beneficio de personas del entorno del ex comisario, información que podría derivar en nuevas imputaciones.

Debido al riesgo que implicaba para los sargentos haber declarado, la defensora Jorrat solicitó medidas de protección y que cumplieran la prisión preventiva en su domicilio. Tanto la fiscala Rivadeneira como el querellante José María Molina apoyaron esta petición. El juez interviniente aprobó la solicitud, ordenó la colocación de pulseras de seguimiento y controles personales, además de exigir que el personal designado para supervisarlos fuera ajeno a la jurisdicción de la URN, para evitar conflictos.

Mientras tanto, la causa sigue su curso investigativo. Aunque por ahora solo hay tres procesados, en el Ministerio Público no descartan que el número de involucrados aumente significativamente. Al menos una docena de policías permanece en situación de disponibilidad a la espera de definiciones sobre su situación procesal, en un expediente que continúa sumando capítulos y revelando irregularidades en la estructura de la Unidad Regional Norte.