Durante un operativo policial, una mujer denunció que uno de los efectivos ingresó al baño, abrió su riñonera y sacó un envoltorio, lo que provocó que su esposo gritara que le estaban “plantando algo”. El policía respondió con insultos, alegando que solo estaba guardando su arma. Según la denunciante, nunca le mostraron la orden judicial y le informaron que buscaban a “un tal Pañal”, en referencia a Cristian Daniel Gómez, sospechoso de un hurto simple, cuya detención había sido ordenada por el juez Marcos Núñez Campero. Sin embargo, Gómez fue detenido ese mismo día en otro domicilio, según consta en los registros oficiales.
Durante el procedimiento, la mujer explicó que los policías buscaban perfumes Natura y un termo Stanley rosa, aclarando que solo tenía perfumes usados que podía acreditar con mensajes. Según su testimonio, cuando el acta indicó que el allanamiento fue negativo, el comisario le exigió dinero para no perjudicar legalmente a su pareja, reclamándole inicialmente 5 millones de pesos y, ante su negativa, al menos 3 millones. Además, habría sugerido que su pareja debía vender drogas para cumplir con la exigencia. La denuncia sostiene que la pistola registrada de la pareja desapareció durante el operativo y que la fiscalía investiga la posible irregularidad del procedimiento como un método de presión económica.
Los registros oficiales del caso revelan que la comisaría asentó “allanamientos en la jurisdicción”, aunque la detención del sospechoso por hurto simple se había realizado en otro domicilio horas antes. La denunciante aportó material probatorio valioso: 16 videos, 10 capturas de pantalla y audios donde su abogada daba instrucciones sobre la entrega del dinero. En estos registros se escuchan detalles de la presión económica y amenazas, así como la retención de la pistola por parte del comisario.
El acta del allanamiento detalla el secuestro de numerosos dispositivos electrónicos: notebooks, pendrives, CPUs y celulares distribuidos en la vivienda y en un vehículo del comisario. Además, se contabilizaron $8.783.000 en efectivo frente a testigos, aunque el dinero fue devuelto por disposición del auxiliar fiscal. La ausencia del arma Firestorm 380 sigue siendo un punto crítico de la investigación.
Actualmente, la causa apunta a esclarecer la posible existencia de un esquema de extorsión dentro de la fuerza policial, operando fuera de los canales legales. Los peritajes sobre celulares, pendrives, computadoras y DVRs secuestrados podrían ser determinantes para reconstruir los hechos, mientras que hasta el momento no se han dictado medidas privativas de libertad contra los sospechosos.