Policiales

🔍 Impulsan nuevas acciones para aclarar el crimen en Villa 9 de Julio y descartar o confirmar un posible abuso

La investigación relacionada con el asesinato del niño de 10 años en Villa 9 de Julio dio un nuevo avance este martes, centrando la atención en dos medidas clave que marcarán el rumbo del proceso judicial. Por un lado, la jueza Judith Solórzano ordenó la realización de una junta médica para evaluar la imputabilidad del adolescente de 16 años acusado del crimen. Por otro, se prevé la autopsia definitiva del menor fallecido, cuyo objetivo será no solo confirmar que la causa de la muerte fue estrangulamiento manual, sino también determinar si hubo indicios de abuso sexual. Ambos estudios se consideran esenciales para orientar los pasos posteriores del proceso penal.

Durante la audiencia matutina, la jueza resolvió que un equipo interdisciplinario, compuesto por médicos, psiquiatras y psicólogos, lleve a cabo un análisis completo del joven acusado, estableciendo un plazo máximo de 15 días para la finalización de la pericia. La decisión se tomó tras recibir el informe preliminar del médico forense, quien indicó que “el acusado comprendía la realidad y no presentaba alteraciones psíquicas que lo dejaran fuera de sus facultades”, aunque enfatizó la necesidad de una evaluación más exhaustiva para garantizar una correcta determinación de su imputabilidad. Mientras se realiza este estudio, el adolescente permanecerá bajo resguardo en el Hospital Obarrio.

En paralelo, la Fiscalía aguarda con atención los resultados de la autopsia completa, que permitirá esclarecer de manera definitiva las circunstancias del fallecimiento del niño, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Paraguay al 100. El informe preliminar confirmó que la muerte se produjo por estrangulamiento manual, pero aún se analizan otros indicios para determinar si existió abuso sexual previo a su fallecimiento.

Dentro de la investigación también se prevé la posible declaración en Cámara Gesell de los hermanos del niño, de 15 y 11 años, siguiendo los protocolos establecidos para la protección y el cuidado de menores de edad en situaciones judiciales delicadas.

La causa continúa bajo la dirección del fiscal Pedro Gallo, quien deberá decidir los pasos a seguir una vez que reciba los informes médicos y psicológicos que resulten determinantes para definir la situación procesal del adolescente imputado. Estos avances marcan un momento clave en la investigación y reflejan la importancia de garantizar un análisis riguroso y detallado de todas las pruebas disponibles para esclarecer los hechos de manera completa.

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