🔍 Indagan la muerte de una interna en Delfín Gallo, condenada por la muerte de un bebé de 10 meses

La muerte de Graciela Margarita Pariente, una mujer de 44 años detenida en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo, desató una fuerte controversia que ahora analiza la Justicia. La interna falleció durante la madrugada del viernes, y aunque la autopsia determinó que sufrió un infarto agudo de miocardio, surgieron versiones contrapuestas sobre la atención médica que recibió en sus últimas horas. Mientras compañeras de pabellón aseguran que pidió ayuda reiteradamente sin obtener respuesta, las autoridades penitenciarias insisten en que fue asistida correctamente y trasladada al hospital, donde finalmente murió.

Pariente cumplía una condena impuesta en septiembre de 2023: seis años y seis meses de prisión por abandono de persona agravado por la muerte de un bebé de 10 meses que estaba bajo su cuidado. La investigación de aquel caso estableció que el niño se ahogó accidentalmente mientras ella lo bañaba y se ausentó brevemente de la habitación. El pequeño sobrevivió internado dos meses, pero su estado no mejoró y terminó falleciendo, lo que derivó en un juicio abreviado aceptado por todas las partes.

Su detención comenzó en la comisaría 1°, donde permaneció alrededor de un año y medio por falta de cupos en establecimientos penitenciarios. Recién a finales de 2024 fue derivada a la cárcel de Delfín Gallo. Durante ese tiempo, allegados como I.H., una joven que creció junto a Pariente, se ocuparon de proveerle alimentos y medicación para tratar sus problemas de diabetes, tiroides y presión. Según relataron, Graciela había sido prácticamente un integrante más de la familia: la criaron desde los ocho años y fue durante décadas la persona a cargo del cuidado de hijos, nietos y sobrinos.

Aunque tras su traslado al penal buscaban que Pariente estuviera en un entorno más adecuado, quienes la visitaban describieron un deterioro anímico y físico. Abandonó su defensa particular para pasar a manos de un abogado de la Defensoría Oficial y comunicó que se le estaban administrando sus medicamentos. También les informó que su representante legal había solicitado estudios médicos por su historial de salud.

El viernes 5 de diciembre, alrededor de las 5.30, la familia recibió un llamado del Servicio Penitenciario: Graciela había muerto luego de un paro cardíaco y se encontraba en el Hospital del Este. Sin embargo, poco después, dos internas se comunicaron para brindar un relato muy distinto. Aseguraron que la mujer se sentía mal desde el martes anterior y que el jueves por la noche la situación se agravó. Según ellas, Pariente pidió reiteradamente que la sacaran de la celda, pero no obtuvo atención. Afirmaron también que entre las 0.30 y la 1 de la madrugada imploró ayuda a los gritos y falleció dentro del penal, y no en el hospital como se había informado oficialmente.

Las denunciantes también contactaron a Fernando Korstanje, comisionado civil del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien replicó públicamente las acusaciones. Sostuvo que Pariente presentó síntomas claros de un infarto sin recibir auxilio oportuno y que el personal penitenciario estaba distraído celebrando el aniversario del penal. Según sus dichos, la sacaron de la celda envuelta en una sábana por no contar ni siquiera con una camilla. Korstanje remarcó que la responsabilidad del Estado es evidente cuando una persona muere bajo su custodia, y que será este quien deba demostrar que actuó sin negligencia.

Desde el Servicio Penitenciario, el subsecretario Sebastián Tula rechazó enfáticamente esa versión. Aseguró que Pariente estaba cumpliendo con sus tratamientos habituales y que el lunes anterior había sido atendida por una endocrinóloga en el Hospital Padilla, con estudios programados. También afirmó que no existen registros de pedidos de auxilio por parte de la interna tras esa consulta. Según su relato, la mujer se acostó normalmente y recién pasada la 1 de la madrugada las guardias fueron alertadas por otras detenidas. Indicó que la interventora de la Unidad y dos enfermeras la trasladaron en un móvil oficial mientras la reanimaban, y que el médico del Hospital Eva Perón constató su muerte a la 1.49.

El fiscal Pedro Gallo ordenó una autopsia que confirmó el infarto como causa del deceso y descartó lesiones externas. Pese a ello, la Justicia continúa recabando información y podría revisar las cámaras de seguridad del penal para establecer con precisión qué ocurrió.

Tula insistió en que el establecimiento actuó conforme a los protocolos y lamentó el fallecimiento, aunque sostuvo que no es cierto que la interna no haya recibido atención: “Tenía una enfermedad cardíaca avanzada. Hicimos lo que correspondía”.

El caso permanece abierto y todavía genera tensiones entre familiares, organismos de derechos humanos y autoridades penitenciarias, mientras se intenta esclarecer si existió o no responsabilidad estatal en la muerte de la detenida.