Un episodio de enorme gravedad, que podría terminar con causas penales por privación ilegítima de la libertad y falsificación de documentos, comenzó a ser analizado por la Fiscalía de Delitos Complejos a partir de la denuncia presentada por un vecino de Alderetes. El hombre asegura que tres policías de la provincia lo llevaron por la fuerza a una dependencia policial y le secuestraron su camioneta utilizando como excusa una orden judicial que nunca existió.
El incidente tuvo lugar el sábado 15 de noviembre, cuando un vehículo policial se presentó en la vivienda de F.L., en el barrio 100 Viviendas. De acuerdo con su relato, tres agentes vestidos de civil descendieron del móvil y sin mediar demasiadas explicaciones le preguntaron por una Toyota Hilux, supuestamente con un pedido de secuestro vigente.
Aunque el propietario insistió desde el primer momento en que el vehículo estaba a su nombre desde 2021 y que los datos mencionados no correspondían con su identidad, los policías sostuvieron que existía una disposición judicial emitida desde la Fiscalía y el Juzgado Federal N.º 1, e incluso mencionaron que una secretaria habría autorizado el procedimiento. Con ese argumento, lograron convencerlo de acompañarlos a la Brigada de Investigaciones de Banda del Río Salí.
Una vez dentro de la sede policial, la situación —según su testimonio— tomó un giro aún más irregular: nunca le mostraron la supuesta orden, le retiraron el celular, lo obligaron a vaciar sus bolsillos y lo hicieron posar para fotografías de frente y de espaldas frente a un cartel institucional. Tiempo después, esas imágenes aparecieron difundidas como si se tratara de un operativo oficial. El denunciante estuvo retenido hasta pasada la tarde y recién entonces recuperó su teléfono y pudo pedir que lo fueran a buscar.
El lunes siguiente decidió acudir directamente al Juzgado Federal N.º 1, donde se llevó la sorpresa mayor: la secretaria del juzgado confirmó que no existía ninguna orden vigente, y que la única disposición que alguna vez había pesado sobre la camioneta —por un conflicto impositivo del dueño anterior— estaba caducada desde 2021. Además, ese mismo día el juzgado había recibido la notificación de la retención del vehículo por parte de la Unidad de Investigaciones Criminales, lo que motivó que se ordenara su devolución de forma inmediata.
Sin embargo, el acta policial sostiene una versión completamente diferente: allí se consigna que los agentes habrían interceptado la Hilux tras una persecución, porque el conductor habría intentado escapar al ver el móvil. Según ese documento, al verificar la patente constataron el pedido de secuestro vigente, motivo por el cual procedieron a la detención.
Para el abogado del denunciante, Álvaro Zelarayán, esta versión es insostenible. Explicó que su representado ingresó a su casa sin inconvenientes y que las cámaras de seguridad de la zona demostrarían que los policías llegaron más de 20 minutos después. “Si realmente venían siguiendo la camioneta, habrían llegado al mismo tiempo. Tocaron el timbre y lo sacaron de su domicilio delante de varios vecinos”, sostuvo.
F.L. solicitó en su denuncia que se investigue a los tres efectivos involucrados por privación ilegítima de la libertad y por la manipulación y falsificación de un acta oficial, además de remarcar que nunca le informaron sus derechos ni los motivos reales de la supuesta retención, dejándolo incomunicado durante varias horas.
El caso quedó ahora en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira, perteneciente a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, quien deberá analizar las pruebas, revisar registros fílmicos y documentos, y avanzar en la determinación de responsabilidades. Si la evidencia coincide con el relato del denunciante, los policías podrían enfrentar cargos severos. Además, el episodio vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos internos de control dentro de la fuerza y los procedimientos para verificar pedidos judiciales antes de ejecutar operativos.