La Justicia de Tucumán continúa profundizando la investigación sobre una presunta red dedicada a la falsificación y comercialización de certificados y documentación oficial, un esquema que, según se estima, habría comenzado a operar desde febrero y afectado a escuelas, centros de salud y oficinas públicas con documentos adulterados.
Hasta el momento, dos mujeres fueron formalmente imputadas y otras cinco personas permanecen bajo la lupa de los investigadores. Los allanamientos realizados permitieron dimensionar la magnitud de la operación: se encontraron decenas de sellos falsificados, fichas médicas escolares y formularios de distintos organismos listos para ser vendidos.
El caso está siendo llevado adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, bajo la dirección de Diego López Ávila. Según reconstruyó la fiscalía, la organización elaboraba sellos apócrifos a nombre de médicos, dentistas, técnicos de salud y entidades estatales —entre ellos el Ministerio de Educación, el hospital Avellaneda, el Siprosa y la Oficina de Trámites Ciudadanos—, con los que emitían certificados médicos, aptos físicos y formularios de Anses, que luego se ofrecían, principalmente, a través de redes sociales.
El accionar delictivo fue detectado cuando profesionales de la salud identificaron documentos con sus nombres pero con errores evidentes: especialidades incorrectas, instituciones mal consignadas o firmas inexistentes. Estas irregularidades motivaron denuncias y allanamientos que pusieron al descubierto la operativa clandestina.
El 22 de octubre, la Policía ingresó a una vivienda en el barrio San Miguel, donde se incautaron 25 sellos —tres oficiales y 22 de profesionales— junto con certificados ya elaborados y dispositivos electrónicos. Durante el operativo fue detenida la primera imputada, señalada por falsificar al menos dos fichas médicas: una presentada como apto escolar para una menor y otra con un diagnóstico falso de gastroenteritis, ambas con sellos adulterados. La fiscal auxiliar Daniela Briz Tomás destacó en la audiencia que la mujer realizaba “una actividad sistemática” de adulteración de documentos, solicitando prisión preventiva, que fue concedida por 27 días.
Semanas más tarde, un nuevo allanamiento en el barrio San Francisco permitió identificar a otra sospechosa, quien fue detenida tras el hallazgo de cinco sellos falsos vinculados a organismos de salud y educación, un CAPs y documentos de dos profesionales. Fue imputada por falsificación de sellos y se le impuso arresto domiciliario por 30 días.
Con el avance de las pericias, los fiscales comenzaron a vislumbrar que se trataba de un entramado mucho más amplio que una acción individual: una “fábrica de certificados” que produciría y comercializaría documentación falsa para distintos fines, incluyendo trámites educativos, laborales, sanitarios y sociales. Hasta ahora, se identificaron cinco personas más que podrían haber participado, aunque no se encontraban en sus domicilios al momento de los allanamientos.
La fiscalía continúa trabajando para establecer los roles precisos de cada implicado y el verdadero alcance del perjuicio ocasionado. No se descarta que la red haya ofrecido más tipos de documentos de los ya hallados, dado que se encontraron elementos vinculados a planes sociales, certificados médicos generales y fichas escolares. La causa sigue en pleno desarrollo y es posible que surjan nuevos imputados a medida que avanza la investigación.