El pasado 10 de enero, alrededor de la 1:50 de la madrugada, un joven motociclista de 20 años, identificado como A.P.L., denunció a dos agentes del Servicio de Emergencias 911 por abuso de autoridad, vejaciones y hurto. Según el relato presentado ante las autoridades, el joven fue brutalmente agredido tras sufrir un accidente con su motocicleta y solicitar asistencia a los oficiales.
El incidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Siria y Chile, cuando A.P.L. perdió el control de su motocicleta Honda Falcon y cayó al asfalto. Luego de levantarse, pidió ayuda a dos policías que se aproximaron al lugar, pero en lugar de auxiliarlo, estos comenzaron a atacarlo físicamente. Según dijo al diario La Gaceta, Agustín Monteros, abogado de la víctima junto a Ricardo Fanlo, los oficiales no solo lo golpearon de manera violenta, sino que también lo sometieron a torturas psicológicas, amenazándolo con un arma de fuego que presionaron contra su rostro mientras lo acusaban de ser un conocido delincuente de la zona y afirmaban que lo golpearían hasta matarlo.
Tras la golpiza, los policías trasladaron al joven a la Brigada de Yerba Buena, pero al observar sus lesiones decidieron liberarlo. Fue entonces que su padre lo llevó al hospital Carrillo, acompañado por un oficial de la Brigada. Después de ser atendido por los médicos, quienes confirmaron múltiples traumatismos en las rodillas, manos, pelvis, mentón y labios, A.P.L. fue trasladado a la comisaría 5°. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Criminales no convalidó la aprehensión, lo que permitió que el joven fuera liberado por su padre a las 9:30 para recibir atención médica en el hospital Padilla.
Los abogados de A.P.L. instaron a la familia a buscar grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Aunque un drugstore cercano al lugar del incidente tenía cámaras, se informó que estas no estaban operativas en ese momento. No obstante, otros registros de cámaras de seguridad muestran la secuencia en la que el joven cae, se levanta, llegan los policías y el tiempo que permanecen en el lugar. Asimismo, se identificaron testigos presenciales dispuestos a declarar para respaldar los hechos narrados.
Además de las agresiones físicas y psicológicas, la denuncia incluye el presunto robo de $100.000 que A.P.L. tenía en su billetera al momento de la requisa policial. El caso está ahora bajo la investigación de la Fiscalía de Delitos Complejos de feria. Monteros destacó que A.P.L. no tiene antecedentes ni vínculos con actividades delictivas, afirmando que esta situación representa un claro abuso de autoridad por parte de los agentes involucrados.
El padre de la víctima logró identificar a uno de los policías tras realizar algunas indagaciones, aunque el segundo agresor aún no ha sido identificado. Según Monteros, la información sobre los recorridos que los policías realizaban esa noche podría ser clave para identificarlos. Por ello, los abogados han solicitado una rueda de reconocimiento y han instado al jefe de Policía a proporcionar detalles sobre los oficiales que estaban de servicio en ese horario y lugar.